Villa Moreno, el barrio donde se produjo el triple crimen el 1º de enero de 2012 que cambió a la ciudad, se queda sin su centro Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), un espacio de contención que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “El gobierno ha decidido -directa e inopinadamente- prescindir de la totalidad del programa”, aseguró este viernes el concejal y referente del barrio, Pedro Salinas.
Salinas señaló a Rosario3.com que las nuevas autoridades comunicaron de forma oral que el programa, que dispone de 80 centros en todo el país, dejará de funcionar. Los seis trabajadores del espacio local -que comenzó a funcionar en mayo de 2012- aún no fueron notificados pero esa suerte ya corrieron otros puntos de Buenos Aires y Chaco.
Más allá del reclamo formal a la Nación, el integrante del Movimiento 26 de Junio, donde militaban Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez -las tres víctimas del triple crimen- adelantó que solicitarán una audiencia al ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein. Pedirán apoyo para la continuidad del lugar.
“El espacio requiere de erogaciones mínimas, estamos hablando de un alquiler muy bajo y sólo seis contratos”, dijo en relación a los empleados que sostienen la labor social: dos administradores, un coordinador, una psicóloga, un asistente social y un abogado.
Para Salinas, el gobierno nacional “desbarata el tejido institucional conformado por 80 CAJ emplazados en los territorios más desprotegidos de nuestro país, espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades”.
Las estadísticas, que por frías suelen usarse como un escudo para justificar este tipo de decisiones que afectan a personas, en este caso describen el intenso trabajo realizado y la importancia del centro. El CAJ de Villa Moreno, desde su apertura en mayo de 2012 hasta ahora, atendió un total de 21.857 consultas. Se canalizaron y asistieron 14.862 trámites administrativos en Ansés, se brindó atención a 3.497 problemáticas sociales y de salud, se medió en 1.529 conflictos familiares y 218 conflictos vecinales; además, se acompañó con asistencia jurídica en 437 conflictos penales, se asistió en la confección de 874 CV y se tramitaron 220 nuevas jubilaciones.
“El CAJ se constituyó en una referencia no sólo para los vecinos y vecinas de Villa Moreno, sino para muchísima gente que ha encontrado en la institución una respuesta ágil y un acompañamiento humano”, añadió Salinas, el edil del Ciudad Futura.
Ahora, el SAJ: Sin Acceso a la Justicia
Según la página del Ministerio de Justicia de la Nación, “los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades”.
“Desde allí se coordinan acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad”, dice el sitio oficial del programa que el gobierno nacional desmantelaría. Entre la “red federal”, el Ministerio ubica a dos CAJ en Rosario (el de Villa Moreno y otro en Arijón 257) y otro en ciudad de Santa Fe.
Una respuesta a la ausencia del Estado
“El CAJ de Villa Moreno tiene su historia particular. Esta institución abrió sus puertas en el mes de mayo de 2012, en el corazón mismo de Villa Moreno. Y, como se advertirá, la fecha de apertura no es gratuita: la radicación del CAJ y la composición de su equipo profesional fue producto de un acuerdo entre los compañeros y familiares de las víctimas del Triple Crimen de Villa Moreno y las anteriores autoridades del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación”, señala Salinas en un comunicado.
Se trata de una institución estatal emplazada en un territorio postergado donde se brinda una efectiva asistencia”
Y continúa: “El CAJ de Villa Moreno es parte constitutiva de un proceso de movilización que siempre tuvo en perspectiva una reparación integral a las víctimas. La reparación no está sólo en alcanzar justicia y el esclarecimiento de los asesinatos de Jere, Mono y Patom, sino también en comprometerse para transformar las dinámicas de violencia que hicieron posible el hecho de victimización, y para que en lo posible no vuelvan a repetirse. Tener que decir esto en la ciudad cuya tasa de homicidios cuadriplica el promedio nacional suena a zoncera y resulta agobiante”, añade Pitu.
“En el caso particular de Villa Moreno, lo que se ha decidido es dar de baja uno de los pocos espacios que funcionan como referencia para los sectores más postergados de la sociedad”, asegura y concluye: “Se trata de una institución estatal emplazada en un territorio postergado donde se brinda una efectiva asistencia. Se trata, en definitiva, de que dejen de perder siempre los mismos”.
