Los tres empresarios argentinos prófugos y con pedido de extradición a Estados Unidos, acusados de cobrar sobornos para la comercialización de los campeonatos de la FIFA, apelaron este viernes el rechazo a concederles la exención de prisión, por lo cual el tema será resuelto en la Cámara Federal porteña.

Las apelaciones fueron presentadas ante el juez federal Claudio Bonadio por las defensas del CEO de Torneos, Alejandro Burzaco; y de Hugo y Mariano Jinkins, de Full Play, según informaron fuentes judiciales.

El juez que ayer quedó a cargo de la causa resolverá si las concede y, en caso positivo, enviará el expediente a la sala del tribunal de apelaciones que resulte sorteada para intervenir en el caso.

Tras la decisión del juez que intervino en primer lugar por estar de turno, Marcelo Martínez De Giorgi, los tres siguen en condición de prófugos.

Martínez De Giorgi rechazó las exenciones de prisión por considerar que existe riesgo de fuga ante la magnitud del delito que se les atribuye, su complejidad y la alta condición económica de los tres involucrados.

"Son empresarios muy poderosos que tienen mucha capacidad de financiar una fuga, sobre todo pensando en la complicidad de la maniobra y la expectativa de pena que tienen, que es muy alta", dijo hoy el fiscal Federico Delgado.

El juez federal Martí­nez de Giorgi compartió ayer el criterio de Delgado y rechazó las exenciones de prisión.

Según explicó hoy Delgado, la extradición "no es un juicio donde hay que buscar culpables o inocentes, sino es un sistema entre Estados que garantiza que una persona pueda ser juzgada en otro paí­s".

"La única forma que la Argentina tiene de cumplir el compromiso que asumió con Estados Unidos de colaborar, es garantizar que las personas no se escapen y eso sólo se pude garantizar a través de la prisión", indicó el fiscal, para quien justamente "el peligro más grande es el de fuga". 

En tanto, descartó absolutamente que la denuncia por evasión fiscal y lavado de dinero que presentó la AFIP a los tres empresarios pueda complicar la extradición ya que, según contempla el tratado entre la Argentina y Estados Unidos, "aunque tengan causas acá, se pueden suspender, que los juzguen allá y después vuelvan".

Por su parte, el jurista Luis Moreno Ocampo aseguró que en la investigación que lleva adelante la justicia de los Estados Unidos, Burzaco "aparece como el testaferro de (Julio) Grondona".

Además, sostuvo que a los empresarios argentinos les asiste el derecho de "optar por ser juzgados en la Argentina" siempre y cuando se encuentren en el país, escenario que no se da con Burzaco que -indicó- está en Europa. 

El ex fiscal del Juicio a las Juntas Militares y ex juez de la Corte Penal Internacional de La Haya entendió que, si son juzgados en Argentina, "seguramente no van a ser condenados".

En tanto, desde el ámbito político, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reiteró que el Estado argentino podría llegar a pedir la "intervención judicial" a la empresa Torneos, luego de que la justicia norteamericana la señalara en la trama de corrupción.

En su habitual contacto con la prensa en la Casa de Gobierno, Fernández enumeró las acciones concretadas por el Gobierno argentino diciendo: "Yo les digo cuales son hasta hoy las posiciones que ha asumido nuestro Gobierno: primero, decimos que si hay una investigación que se llegue hasta el hueso, es imperiosa que estas cosas se aclaren, investiguen y se pongan en el lugar que corresponde a cada uno de los involucrados".

"Segundo -dijo- que en cuanto llegó el pedido de extradición de los imputados argentinos nosotros tuvimos un gesto inmediato, como lo dice la ley, y la Cancillería hizo llegar a la Justicia lo que necesitaba y ponerse a disposición del juez de turno. No nos hemos detenido un solo segundo", exclamó.

El jefe de Gabinete reiteró además " lo dicho ayer en el sentido de que en nuestro país los hechos que son ilícitos también pagan impuestos. Usted me va a decir que seguramente el que hizo un hecho ilícito, no se va autodenunciar por el hecho ilícito de no pagar impuestos...Por supuesto, pero cuando aparecen casos como estos, la AFIP tiene todo el derecho de presentarse y pedir el pago del 35 por ciento del impuesto a las Ganancias".

Asimismo, Fernández reiteró las contradicciones del grupo Clarín en una serie de tuits en los cuales niegan vínculos con Torneos, pero a la vez reconocen participación accionaria en terceras empresas que comparten con Torneos.

Para el ministro coordinador, "como el Estado, a partir de que las AFJP, compró acciones de Clarín oportunamente, cuando vienen los capitales de los dineros de los trabajadores al manejo del Estado en el 2006, vienen también las acciones de Clarín, porque el Estado Nacional es accionista, minoritario, pero accionista al fin. Entonces en algún momento puede llegar a solicitar la intervención judicial por el pago de sobornos, por más que sea un accionista minoritario".