Tras las críticas que disparó la decisión del juez Luis María Caterina de aceptar la revocatoria de prisión domiciliaria a los dos acusados por el ataque a balazos a la casa del gobernador Antonio Bonfatti, el fiscal Enrique Paz explicó por qué elevó tal pedido al magistrado. Aseguró que hay peligro de fuga y desmintió que se viole la igualdad ante la ley como señalaron los abogados de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval y Pablo Espíndola. El defensor del primero, Marcos Cella, había deslizado que detrás de la aceptación de Caterina se escondía cierta “pleiteseía” al gobernador.
“No hay garantías de que va a haber una sujeción de proceso –explicó Paz en contacto con Radiópolis (Radio 2) los argumentos de su pedido–. Espíndola ofrece (como garantía) a la concubina y Sandoval, al padre”.
Para el fiscal en ambos casos el lazo afectivo entre los prisioneros y sus garantes hace dudar que de hecho se cumpla el arresto domiciliario. Cella, sin embargo, había asegurado que su cliente siempre fue respetuoso de esta restricción e incluso acusado –también en diálogo con la 1230 este miércoles– que cuando estuvo en la cárcel fue muy maltratado.
Con todo, Paz aclaró que su pedido se fundamentó además en un análisis más profundo de cada acusado, lo que lo llevó a concluir que estaba en riesgo todo el proceso judicial. Como ejemplo, recordó que Espíndola está procesado en otra causa por tenencia de arma de guerra e imputado en otra más por robo calificado.
“El criterio puede no ser compartido –aclaró–, pero habrá que esperar a que (el Tribunal de) Alzada lo revise”. Es este Tribunal el que debe decidir si amerita levantar la feria judicial para juntar a las partes y expedirse sobre el caso.
Enrique Paz (Radio 2)
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