La investigación por la muerte de Jonatan Herrera atraviesa, por estos momentos, una instancia de definición en relación al juicio. Los acusados por el crimen, cuatro jóvenes efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), uno de ellos llegará a juicio oral acusado como quien disparó el tiro mortal; mientras que otros tres fueron acusados por tentativa de homicidio, al principio de la investigación. Sin embargo, ahora buscan cerrar un juicio abreviado por el delito de abuso de armas, con una pena de tres años de prisión.
De acuerdo a lo que publica hoy el diario Rosario12, María Elena, la mamá del joven asesinado sostiene la necesidad de desarrollar un juicio oral y público mientras que la pareja, opta por una instancia abreviada. Ambas mujeres son querellantes.
"Con un juicio abreviado este caso queda encerrado entre cuatro paredes; y la sociedad tiene que saber lo le hicieron a Jonatan (Herrera)", sostuvo la madre del chico asesinado en enero pasado, mientras lavaba el auto en Tablada. "No voy a poder vivir sabiendo que mi hijo está encerrado en un cajón y los acusados libres, porque ya saldrían con el año que tienen cumplido", dijo la mujer que ayer presentó el rechazo al acuerdo abreviado, que probablemente sea analizado por el fiscal regional Jorge Baclini.
El 4 de enero pasado, Jonatan lavaba su auto cuando advirtió la persecución a cargo del personal del Comando Radioeléctrico, que intentaba atrapar al ladrón de una juguetería. En ese momento, cuatro agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) bajaron de un colectivo en el que circulaban y comenzaron a disparar, "cuando los agentes del Comando ya tenían al ladrón en el piso", según relató el fiscal Adrián Spelta. Por aquellos días, se le endilgó la autoría del crimen a Ramiro R., de 25 años; mientras que los otros tres agentes fueron acusados por tentativa.
"Mi nieto va a crecer y va a preguntar qué le pasó a su papá y que hicimos para que se esclarezca su muerte. También va a querer saber si los culpables están presos", señaló María Elena, quien estuvo acompañada por su abogada Cinthia Garcilazo y Luciana Escobar, la hermana de Gerardo Escobar, el joven hallado sin vida en el río en agosto pasado.
A casi un año del crimen, el mes pasado, la Justicia decidió que el principal acusado siguiera preso; pero el plazo corre hasta el próximo lunes, cuando el fiscal Spelta deberá presentar acusación para que se mantenga la detención hasta el momento del juicio. Allí, llevará todos los elementos de prueba necesarios para que sean analizados por un magistrado.
El conflicto entre las partes se dio con la situación procesal de los otros tres acusados Francisco R. Alejandro G. y Luis S. Es que los abogados que los defienden buscan cerrar un juicio abreviado con la Fiscalía, pero para ello necesitan de la anuencia de la parte querellante, que a su vez está dividida. "Tenemos distintos intereses con la madre de mi nieto. Nosotros queremos justicia, porque es terrible cómo lo mataron a mi hijo", dijo María Elena.
Según detalló la mujer, "los tres policías quedarían acusados como abuso de arma agravado; mientras que R. iría a juicio por homicidio calificado. Pero nosotros queremos que todos lleguen a juicio oral y público, para que este caso no quede encerrado entre cuatro paredes. Que no queden en un cajón los papeles que relatan qué le pasó a Joni; que la sociedad sepa la verdad. Que los policías que tengan que caer presos, caigan. Nosotros sólo queremos justicia. No vamos a aceptar nada más que un juicio oral y público".
Por su parte, la abogada Garcilazo señaló que con la presentación por escrito por la negativa al juicio abreviado, por parte de la madre de la víctima, "ahora hay que esperar qué decide el fiscal Spelta, si toma la negativa y acusa a los cuatro implicados; o si acepta la propuesta de la defensa del juicio abreviado. En ese caso, con nuestra disconformidad, iría a estudio del fiscal regional (Baclini), y esperar qué decide".
Con esto, el lunes próximo debería resolverse qué pasos seguirá la Justicia, ya que se vencen los plazos de la prisión preventiva de los imputados.
Los acusados fueron detenidos casi diez días después del episodio que terminó con la vida del joven de 23 años. Por aquellos días, el juez Gonzalo López Quintana ordenó la prisión preventiva para los cuatro agentes de la PAT, porque consideró que no había elementos para hablar de un obrar negligente o "culposo", como intentó dejar sentado la defensa al pedir prisión domiciliaria para los policías. El juez habló de "actitud irresponsable".
