Dos informes de organismos nacionales sobre el crimen Silvia Suppo, testigo clave en juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, indican que el brutal asesinato de la ex militante ocurrido en Rafaela en abril de 2010 no tuvo un móvil político. La información fue elevada al juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, a cargo de la causa.

Un año después del crimen, el magistrado fue instado por la Corte Suprema a investigar la hipótesis del móvil político del asesinato de Suppo. Ahora, un informe del programa nacional “Verdad y Justicia” publicado en el sitio santafesino notife.com establece que “no hay elementos objetivos y verificables que vinculen al homicidio con una organización delictiva que haya querido obstaculizar una investigación relacionada a un delito de lesa humanidad”.

Suppo fue testigo clave en el juicio que terminó condenando al ex juez Víctor Brussa por su vinculación con delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura.

Después del crimen en la ciudad de Rafaela quedaron detenidos los presuntos autores materiales, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa.

Las primeras hipótesis indicaban que se trató de un homicidio en ocasión de robo pero luego comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que haya sido asesinada por su declaración en los juicios.

El informe firmado por el titular del espacio “Verdad y Justicia”, comisario Gerardo Vásquez, indica que “el objetivo fue el robo pero derivó en un homicidio por la resistencia de la víctima, lo cual surge del expediente judicial”.

En tanto, otro informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria indica que “no hay forma que el imputado Brusa o sus visitas hayan tenido contacto con los presuntos autores intelectuales o sicarios dentro del penal, en el marco de lo manifestado por el testigo de identidad reservada”.

Ese testigo había declarado el 31 de mayo de 2010 que el crimen de Suppo había sido planificado por presidiarios y un hijo del ex juez federal condenado Víctor Brusa.