El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone una reforma integral del sistema de inteligencia comenzará a ser tratado esta semana en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo apunta a emitir un rápido dictamen del Senado y aprobarlo en el recinto el miércoles 11 de febrero, para luego girarlo a la cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El texto, que ingresó al parlamento el viernes último, será debatido este martes desde las 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

La oposición en la Cámara alta ya adelantó que rechazará la iniciativa que prevé, entre otros puntos, disolver la Secretaría de Inteligencia y crear un nuevo organismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en medio de la polémica por las denuncias del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Desde la coalición de centroizquierda Frente Amplio Unen, el senador Pino Solanas cuestionó que el kirchnerismo proponga una reforma de los servicios de inteligencia a tan sólo meses de las elecciones tras 12 años en el poder.

Por su parte, Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, también se manifestó crítico. "No nos vamos a prestar al juego del gobierno", dijo a diferentes medios, al justificar la ausencia de su partido.

"El oficialismo intenta cambiar la atención de la sociedad del hecho más grave y doloroso que ha vivido la sociedad argentina, como lo es la muerte del fiscal Nisman", agregó Negri.

Sin embargo, un sector del radicalismo se muestra abierto al debate parlamentario de la nueva agencia. El diputado nacional e integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Inteligencia, Miguel Bazze, destacó este domingo la necesidad de "abordar el tema de los servicios de Inteligencia" y se mostró dispuesto a la discusión.

"Si el oficialismo está dispuesto a tomar en cuenta nuestras propuestas, nosotros estamos dispuestos a debatir", apuntó el legislador.

En una entrevista publicada por el diario Tiempo Argentino, el diputado radical se diferenció de otros sectores de la oposición, incluidos algunos dirigentes de su partido, que inmediatamente después de conocerse el proyecto de reforma del organismo de Inteligencia, lo criticaron y anticiparon que no participarán del debate.

La idea del oficialismo

El texto del proyecto comienza sosteniendo la necesidad de “abordar la apertura de un debate que los partidos democráticos se deben todavía” que lleve “a una definitiva democratización de los mecanismos de designación, el modelo de institucionalización y la adopción de los mejores método de control de la producción y uso de la tarea de la inteligencia estatal”, según difundió la agencia oficial Télam.

“Es en verdad abordar una tarea que la democracia se adeuda a sí misma”, agrega el documento, y explica que “una de las decisiones centrales de la gestión kirchnerista fue abordar el tema de la impunidad en Argentina como uno de los estigmas que arrastrábamos desde la restauración democrática”.

Destaca además “los denodados esfuerzos para el esclarecimiento de los atentados” terroristas en Argentina y en ese sentido observa que desde 2013, cuando se firmó el entendimiento con Irán para avanzar en la causa Amia, el gobierno comenzó a “observar que desde la ex Side, integrantes de esos servicios de información comenzaron a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.

Aclara que la reforma de la Side “no se trata sólo de un cambio de nombre” y precisa que establece la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

En el texto se señala, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".

Se consigna que las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”.

En el capítulo dos aclara que la AFI tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia “en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros”.

Entre los fundamentos, el gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia”.

Añade que la AFI deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y determina que toda relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la AFI.

La investigación del caso Nisman como trasfondo

La muerte del fiscal Nisman –que denunció a la presidenta por presunto encubrimiento–, de la que se cumplieron dos semanas, ha puesto los focos sobre los opacos servicios de inteligencia.

Nisman murió de un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires el pasado 18 de enero, la víspera de comparecer en el Congreso para detallar la denuncia contra Cristina Kirchner y varios colaboradores por supuestamente encubrir a los presuntos autores iraníes del atentado contra la mutual judía Amia, que causó 85 muertos en 1994.

En los próximo días, cuando la fiscal Viviana Fein reciba los exámenes histopatológicos y toxicológicos para verificar si Nisman había ingerido o estaba bajo efecto de sustancias que hayan operado sobre su voluntad, la investigación se colocará más decididamente en el terreno complejo de los vínculos de la víctima.