Jimena pensó que denunciar por violencia de género a su marido podría darle una solución al malestar que sufre desde hace más de 15 años. Lejos de los prejuicios sobre la inefectividad de la Justicia, encontró acción y asistencia. Sin embargo, terminó recluida en la casa de sus padres y con terror a salir a la calle porque el agresor sigue amenazándola de muerte. Tal es su miedo que decidió tatuarse junto a la leyenda “Ni una menos”, su propio número de documento de identidad. “No sé si no termino en un descampado”, sostuvo.
En diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Almudena Munera (Radiópolis, Radio 2), Jimena contó con detalles “la pesadilla” que está viviendo. No es que antes hubiera vivido mejor. No. Hace 15 años convive con un hombre, con quien tuvo 4 hijos, que la golpea y la maltrata al punto que fueron sus chicos los que la empujaron a denunciarlo. Al agresor fue imputados en dos ocaciones por amenazas, golpes y desobediencia, tiene una orden de no acercarce a su ex mujer pero su acecho continúa al punto que la víctima siente, según reveló, que está “condenada a muerte”.
“Hacer una denuncia de violencia de género es firmar un acta de defunción, es condenarte a muerte. Estoy viviendo una pesadilla a pesar de que tiene prohibido acercarse, me manda matones. Sigue molestando, la violencia continúa, psicológica y ecónomica y eso es terrible”, señaló desde Zavalla, a donde fue a vivir junto a su familia.
Ambos compartían un negocio pero desde que Jimena lo denunció, se quedó sin ingresos económicos, ni siquiera tiene un techo. “Él se quedó con sus comodidades en Rosario. El Ministerio Público de la Acusación me ofreció un refugio pero preferí irme con mi familia que ahora vive también esto”, indicó y compartió un detalle no menor: se tatuó el número de DNI porque teme ser asesinada y terminar en un descampado.
Jimena está muy agradecida y conforme con la respuesta del Estado en sus distintos niveles. Aunque entiende que la Justicia tiene sus tiempo, los días pasan sin que el agresor sea detenido y, mientras tanto, aumenta su sensación de vulnerabilidad. “Tengo botón de pánico y custodia policial. No estoy sola pero por más voluntad que tenga el sistema, funciona mal. Está en acción pero no se pueden obtener pruebas para darme una respuesta inmediata. Yo vivo un arresto domiciliario”, analizó.
“Más ayuda de la que tengo no puedo tener. Pero siento que si salgo de mi casa no sé si vuelvo a ver a mis hijos”, lamentó.
Pulseras y tobilleras
La concejala Norma López presentó un proyecto para que el municipio implemente estos dispositivos que alertan a la policía ante cuando se detecte una violación perimetral del agresor como ocurre en la mayoría de los casos. Además, cuestionó a los jueces que implantan órdenes de restricción y no se cumplen.
La presidenta del bloque del FPV-PJ sostuvo: “El Estado santafesino asuma que fracasa con las políticas públicas para prevenir y evitar la violencia machista, por esto debemos seguir lamentando femicidios, de hecho llevamos contabilizados 8 en lo que va del año y casos de violencia extremos en los últimos días en Rosario”.
La edila del Frente para la Victoria aclaró que “el control de la Justicia debe ser a los violentos y no a las mujeres” y explicó que según la Defensoría General de la Nación, en 2015, 1 de cada 3 agresores incumplieron las restricciones impuestas por la justicia. Lo que demuestra la desprotección que sufren las víctimas que denuncian y las fallas en las medidas de prevención y asistencia. Pero además deja a las claras que el sistema judicial santafesino no sólo falla sino que además carece de garantías para lxs ciudadanxs, sobre todo las mujeres”.
López saludó la medida que tomó el gobierno provincial de implementar el botón antipánico pero denunció que muchas mujeres que lo utilizan no funcionan o demoran en dárselos. Al respecto, comentó: “Muchas veces es activado cuando la víctima está siendo atacada, por eso proponemos las pulseras o tobilleras electrónicas, que emiten un alerta cuando quien la porta viola la prohibición de acercamiento. Es indispensable que el municipio intervengan junto con el gobierno provincial para la utlilización de estos dispositivos del mismo modo que lo hizo con el botón antipánico”.
“La pulsera o tobillera electrónica permite actuar en una prevención más rápida y eficaz. Por estos días esta iniciativa está siendo evaluada tanto por el poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires como también solicitada por diversas iniciativas legislativas. Además en Uruguay fue evaluada como altamente positiva la incorporación de estos dispositivos. Creo que es momento de aplicar esta medida porque las fuerzas policiales y las políticas de seguridad también vienen fracasando con respecto a esta problemática”, finalizó.
