Ricardo Albertengo, apuntado como autor del crimen del suboficial Mauro Mansilla, quien falleció el pasado miércoles tras recibir un disparo en la cabeza, posee una historia que hace unos años llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presunto homicida, que contaba con una condena por un homicidio y por robos, unificados en 37 años de prisión, recibió una conmutación de penas en el 2003 y hace dos años, libertad transitoria ya que habría cumplido la mitad de la sentencia.

¿Cómo Ricardo Albertengo estaba libre? El hombre apuntado como supuesto autor de la muerte del policía tenía una condena a 20 años de cárcel por matar a un testigo de un asalto que cometió en un comercio céntrico en 1994. 

Por siete robos en los que se confesó autor de todos tuvo una condena a 17 años de prisión en un juicio abreviado de común acuerdo entre su defensora, Estrella Galán, y el fiscal Eduardo Valdés Tietjen. Como cometió los asaltos cuando ya contaba con la otra pena y tenía salidas laborales, por reincidencia se le unificaron las sentencias y recibió un total de 37 años de prisión.

Albertengo recibió una conmutación de penas el 18 de julio de 2003, con la firma del por entonces ministro de Justicia santafesino Carlos Carranza. La condena por el homicidio bajó de 19 años y 6 meses de prisión a 19 años y dos meses. El mismo ministro, en diálogo con Rosario3.com, no recordó haber firmado dicha conmutación que está registrada en el Boletín Oficial.

No hay muchas precisiones de cómo estaba en libertad al momento de cometer el asalto a una clínica en 2009 con toma de rehenes en el que luego resultó arrestado. En ese año también había realizado varios robos calificados más. El periodista de Radio 2 Hernán Funes explicó que el delincuente recibió no regresó de la última libertad transitoria dada en julio del año pasado por la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto; por ese motivo estaba en la calle cuando le disparó en el cráneo al policía Mansilla tras robarle a una pareja.

Al recibir los 37 años de prisión, Albertengo envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, donde pidió que se declare inconstitucional la pena aplicada, ya que el máximo punible en causas de delito de lesa humanidad es de 25 años de cárcel y él lo había superado por el juicio abreviado por robos.

El máximo tribunal de Justicia archivó el recurso de revisión solicitado por la defensa y fue luego el defensor general, Gabriel Ganón, quien expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al hombre se le sumaron las condenas bajo la Ley Blumberg pese a que una de las causas corría con 10 años de antigüedad a dicha normativa y que el sujeto se vio imposibilitado de recurrir su sentencia no sólo en apelación ante la Cámara, sino también ante la Corte provincial.