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Fondos buitre: investigan presunta defraudación a las arcas públicas 

El fiscal federal Federico Delgado dio lugar a una causa para establecer si el acuerdo del gobierno "premió" a los especuladores, ya que se estaría yendo contra directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas. El juez Sebastián Casanello pidió documentación vinculada

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El juez federal Sebastián Casanello emitió una "orden de presentación" para obtener copia certificada y protocolizar ante escribano de toda la documentación vinculada a la renegociación del pago de la deuda a los fondos buitre, en el marco de la denuncia contra el Gobierno presentada por un grupo de abogados e impulsada por la fiscalía.

Casanello envió el requerimiento a la Jefatura de Gabinete de la Nación y pidió que se envíe al juzgado copia autenticada de todos los documentos vinculados a la renegociación de la deuda y que el trámite sea certificado por el Escribano General de la Nación, informaron fuentes judiciales.

También pidió a la Procuración del Tesoro de la Nación el envío de "constancias de su intervención" en el marco de la renegociación.

El juez hizo lugar así a una medida pedida por el fiscal federal Federico Delgado al impulsar la denuncia presentada por un grupo de abogados, entre ellos Eduardo Barcesat, contra el presidente de la Nación Mauricio Macri, el gabinete nacional y legisladores.

Delgado dictaminó a favor de investigar una supuesta defraudación a las arcas públicas en base a una denuncia presentada por los abogados Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis y otro centenar de firmantes contra el gobierno nacional por la negociación con los fondos buitre.

Al entender que hay elementos para impulsar la pesquisa, el fiscal remarcó que los denunciantes "concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 7% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que sí lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares".

"En cierto modo, afirman que si ello es así, se estaría premiando la práctica de los especuladores que habrían ganado diez veces más que lo que invirtieron y omitiendo sopesar las directrices de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas plasmadas en la ley 27.707", agregó en el dictamen.

Fuente: Télam

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