El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y el secretario y subsecretario de Inteligencia, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente, serán los encargados de abrir el debate sobre la nueva ley de Inteligencia anunciada por el gobierno, durante un plenario de comisiones del Senado.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Marcelo Fuentes, quien presidirá la audiencia, informó que la discusión continuará el miércoles cuando fueron citados miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y expertos invitados por la oposición.
El objetivo del oficialismo es emitir dictamen el mismo miércoles para llevar la discusión al recinto el próximo 11 de febrero y luego girarlo a la Cámara de Diputados.
El proyecto
El texto de la propuesta girada al Senado el viernes pasado aclara que la reforma de la Secretaría de Inteligencia “no se trata sólo de un cambio de nombre”, precisa que establece la transferencia de las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las máximas autoridades del organismo, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
En el documento se indica, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".
Según el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a "la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”.
En el capítulo dos, aclara que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia “en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros”.
Entre los fundamentos, el gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia”.
Asimismo, según el texto, la AFI deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda relación entre la AFI y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la AFI.
