Alejandro Grandinetti, candidato a diputado nacional por el Frente UNA, se reunió con vecinos de los barrios Las Flores, Lomas de Alberdi y Rucci. “Son tres barrios donde los problemas de inseguridad se replican de manera casi idéntica; con entraderas, asaltos y arrebatos. Este contexto avasallante sumado a la falta de medidas concretas que lo solucionen, está conllevando una gran resignación social”, dijo el periodista.

A criterio de Grandinetti y más allá de las estadísticas oficiales, “sentir que no sirve hacer una denuncia y que sólo podemos autoprotegernos porque el Estado no lo hace, es en primer término claudicar en derechos fundamentales pero también es aceptar que en lo fáctico nada va cambiar”.

El postulante a la cámara baja, alineado con Sergio Massa, remarcó que “es fundamental avanzar con los sistemas de prevención local, como cámaras, móviles y botones de pánico así como también poner en marcha nuestra idea de asociar las fuerzas de seguridad a las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, la conflictividad y el delito”.

Grandinetti contó que días atrás y caminando por Las Flores se produjo una situación de contraste muy grande. “Mientras hablábamos con los vecinos, comenzaron a escucharse disparos a pocas cuadras pero en paralelo nos contaban acerca de la iniciativa de Corina, que interviene artísticamente y de una manera muy colorida frentes, tanques de agua y negocios como una forma de romper con esa realidad”, relató.

Y agregó que “esa visible fragmentación nos marca que es necesario recuperar espacios que hoy ganó la delincuencia para devolvérselos a la ciudadanía”.

“Los violentos son pocos pero lograron silenciar a los vecinos sembrando miedo. Los que quieren trabajar no pueden hacerlo porque dicen que dar como domicilio ese barrio es cerrarse las puertas”, analizó.

Grandinetti propone además trabajar en paralelo en proyectos que generan polémica, entre ellas la baja en la edad de imputabilidad para los menores y argumenta que “es necesario ponerlo en un contexto”.

“Uruguay es un país progresista y tiene la imputabilidad a los 13 años, en Ecuador es de 12, en Francia, España e Italia es de 14 años. No es trata de acuñar términos como «mano dura» ni política de represión. Tampoco se trata de jóvenes presos porque sí, pero a los 15 años una persona sabe que matando está causando un daño”, describió.

Y complementó esa idea con la “instrumentación de un código penitenciario nuevo, que establezca formas y pautas diferentes, con trabajo para rehabilitar en adicciones y que los obligue a trabajar”.