Se desarrolló este lunes en los Tribunales provinciales de la ciudad una audiencia de hábeas corpus en favor de las personas alojadas en Unidades Penitenciarias de Rosario y la región. El objetivo fue analizar las condiciones de detención, trabajo y educación de los presos, a partir de las inspecciones realizadas por la Defensa Pública.

Uno de los aspectos planteados en el hábeas corpus por el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, fue la adecuación a la Ley de Ejecución Penal con respecto al acceso al trabajo y el cobro del salario mínimo, vital y móvil por parte de los internos, no implementado en la provincia de Santa Fe.

En la audiencia de este lunes, el juez penal Gustavo Pérez de Urrechu dispuso entre otras cosas, “exhortar” a la creación de una mesa de diálogo en los puntos referidos a educación, trabajo, religión y sanciones disciplinarias.

La audiencia

En la audiencia desarrollada en Tribunales estuvieron el juez Pérez de Urrechu; el Secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Coccocioni; el fiscal adjunto, Pablo Luzzini; el fiscal delegado del Ministerio Público de la Acusación, Rafael Coria y el Defensor General, Gabriel Ganón.

El motivo de la presentación del hábeas corpus, surgió a partir de las inspecciones realizadas por la Defensa Pública en las Unidades Penitenciarias 3, 5 y 6 de Rosario y 11 de Piñero.

Durante la audiencia de este lunes, Ganón expresó los argumentos que motivaron la interposición del recurso.

En ese contexto, hizo hincapié en las problemáticas vinculadas con el acceso a la educación y a una oportuna asistencia médica; la falta de separación entre procesados y condenados; la adecuación a la Ley con respecto al acceso al trabajo y el cobro del salario mínimo, vital y móvil por parte de los internos; cuestiones vinculadas con requisas en los pabellones y celdas; la aplicación por parte del Servicio Penitenciario de sanciones disciplinarias de hecho, de modo arbitrario y sin control alguno por parte de la defensa; la regulación en el régimen de visitas; las quejas de los internos con respecto a la falta de comunicación telefónica con el exterior del establecimiento penitenciario; y beneficios para ciertas colectividades espirituales -a saber, pabellones evangélicos-.

El Juez penal resolvió que sean elegidos representantes de los pabellones de todas las Unidades Penitenciarias aludidas en el hábeas corpus a los fines de ser escuchados en audiencia, quienes deberán ser elegidos por consenso entre el Servicio Penitenciario, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

Además, dispuso “exhortar” a las partes para que en el marco de dicho recurso formen una mesa de diálogo en los puntos referidos a educación, trabajo, religión y sanciones disciplinarias.

También Pérez de Urrechu ordenó realizar una inspección y relevamiento de las unidades de detención de todas las Unidades Penitenciarias de la Circunscripción Judicial N° 2 y oficiar al Instituto del Alimento de la Municipalidad para que ejecute un relevamiento sobre el punto vinculado con la alimentación y a la empresa telefónica Telecom para que de cuenta sobre el funcionamiento del servicio telefónico en las penitenciarías.