La Corte Suprema de Justicia creó una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, integrada con magistrados de justicia federal de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo hizo a través de la Acordada 28/15 firmada por el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

El máximo tribunal expuso que desde 2009 “ha advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo”.

Asimismo, dijo que la gravedad de esta situación fue puesta de manifiesto también por distintos jueces federales con competencia en la materia mediante notas y reuniones efectuadas en distintos ámbitos del país, y que todo ello fue puesto en conocimiento oportuno e inmediato de todos los organismos y dependencias de los otros poderes del Estado.

Además, aseguró que “el cumplimiento de este objetivo demanda la instrumentación de políticas de estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas”.

La Corte recordó que al resolver el caso “Arriola”, exhortó a todos los poderes públicos a “asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas con información y educación disuasiva del consumo”.

Entre las funciones de la Comisión están la de mejorar la coordinación entre los tribunales y las demás dependencias del Estado, capacitación a los operadores judiciales, creación de un registro de causas sobre narcotráfico y profundizar la comunicación con las fuerzas de seguridad.