Tras conocerse el cierre de la oficina que controla los arrestos domiciliarios por falta de recursos, el ministro de Justicia, Juan Lewis, salió a aclarar que el organismo no depende del Poder Ejecutivo, sino del Judicial que es el que, en su opinión, debería inyectarle ocupar los cargos vacantes llegado el caso. Con todo se mostró bastante crítico sobre su desempeño y señaló que le faltaba “inserción en el territorio y la realidad”. La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (Omas) comenzó a funcionar en Rosario en febrero de 2013, a partir de un convenio con la Corte, financiada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip); pero ante la imposibilidad de mantener a sus tres empleados, se decidió cerrarla cuando comience la feria el lunes.

“Para un control efectivo, entendemos que una oficina de esa índole no puede tener un trabajo burocratizado, sino mayor contacto con los distintos efectores del Estado, como centros de salud, vecinales... Tiene que tener una mayor inserción en el territorio y la realidad para hacer un control efectivo”, evaluó Lewis en diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.

En tal sentido, el ministro se mostró en contra de solventar desde el Ejecutivo un organismo de ese tipo. Advirtió, sin embargo que se les solicitó cargos para ocupar las tres vacantes pero, a su entender, “eso es una previsión del Poder Judicial de tenerlo en su presupuesto”.

Además, sugirió que se pueden usar algunos de los muchos “cargos al interior del Judicial que están quedando como consecuencia de los traspasos del nuevo sistema”. 

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Juan Lewis (Radio 2)