El Senado provincial aprobó ayer, por unanimidad, modificaciones al Código Procesal Penal. Según adelantó en Radio 2 el senador Lisandro Enrico el cambio consiste en "un ajuste que le da más facultades a los fiscales para actuar contra el delito", "mayor control de los juicios abreviados" y "la aplicación de prisión preventiva para causas que tienen condenas menores a 4 años", entre otros puntos.
De acuerdo a lo que publica el diario El Ciudadano, los principales cambios propuestos son:
Prisión preventiva. Los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos pero sólo con recaudos: verosimilitud del derecho y peligro de fuga, o la proporcionalidad del delito. Se mantiene el criterio de rigurosidad y de tutela del imputado, pero se les da mayores facultades a los jueces.
Flagrancia. La reforma obligará a la Policía a detener a los imputados en los casos de flagrancia. Ahora tienen la posibilidad de detenerlos, pero con el cambio tendrán la obligación de hacerlo. Según el senador Enrico, hoy la flagrancia es aplicada a criterio del fiscal; a partir de ahora quedará establecida en la ley.
Detenciones. Se extenderá el plazo de detención que ordenan los fiscales. En la actualidad es de 24 horas, prorrogables por otras 24; la propuesta implica 72 horas con una prórroga de 24. También se extiende el plazo para la audiencia imputativa.
Allanamientos. Seguirá siendo obligatoria la autorización del juez previa al procedimiento del fiscal, pero se ampliarán los márgenes que hoy son de 12 horas (de 8 a 20) y se podrán realizar durante las 24 horas del día.
Juicio abreviado. La reforma establece una mayor rigurosidad en el procedimiento cuando se trata de delitos graves. En el caso de penas mayores a seis años se exigirá la conformidad no sólo del fiscal regional, sino también del fiscal general de la provincia. “El juicio abreviado no es un instituto disvalioso, pero no se debe utilizar indiscriminadamente. Debe haber una mayor rigurosidad en el uso del mismo para evitar algunas situaciones de público conocimiento”, sostienen desde el Ministerio de Justicia. Con el mismo espíritu se regulará el principio de oportunidad.
Esta es la tercera vez que el Senado vota reformas al nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2007 y que tiene vigencia plena en toda la provincia, desde febrero de 2014. Las dos veces anteriores –2012 y 2014– los cambios fueron rechazados por la Cámara de Diputados.
El paquete de proyectos –algunos del Ejecutivo y otros de senadores– fue unificado en comisiones, en consenso con el gobierno, y la Legislatura aceleró su tratamiento tras el clamor popular por seguridad.
A diferencia de las reformas anteriores, esta vez uno de sus impulsores, el senador Enrico, tiene confianza en que será avalada por los diputados: “Espero que esta vez sea votada porque vemos casos de inseguridad en los que una persona que cometió un delito vuelve a su casa al poco tiempo. Queremos que la ley marque claramente a jueces, fiscales y defensores que hay situaciones que merecen la prisión y sin dilaciones aplicar la ley. No queremos más evasivas ni chicanas”.
