Los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sur de México "no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula", reveló este domingo el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudió el caso.

Los expertos agregaron que la toma de un autobús cargado de droga oculta pudo ser el móvil del ataque armado y la desaparición de los estudiantes.

Según testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a los ataques de esa noche en Iguala por parte de policías y documentos contradictorios en torno a un colectivo de la empresa Estrella Roja, entre otras evidencias, muestran que este autobús es "central" en la investigación.

La toma de los autobuses en Iguala para desplazarse a la capital mexicana a fin de participar en una manifestación podría haberse cruzado con la "existencia de drogas ilícitas (o dinero)" en una de las unidades, específicamente en la de Estrella Roja, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el informe del caso elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y presentado en la capital mexicana, se explica que los estudiantes no fueron incinerados y se llega a esa conclusión a partir del resultado de un peritaje realizado por José Torero, un reconocido especialista en incendios.

Tras realizar trabajo de campo, examinar las pruebas y contrastar las declaraciones de los presuntos autores materiales, Torero concluyó "que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados" en el basurero el 27 de septiembre de 2014.

La evidencia recolectada muestra que "el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado" en el basurero de Cocula, ni siquiera para la incineración de uno solo de ellos, detalla el informe.

De haber existido un incendio de gran magnitud, los "daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura", pero no hay evidencia de estos, destacó.

El experto dijo que tampoco existe evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero, donde solo se han registrado "fuegos de pequeñas dimensiones".

En definitiva, según Torero, los testimonios de los presuntos miembros del cártel de Guerreros Unidos "indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas para lo que sería el fuego mínimo necesario para la cremación de 43 cuerpos".

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció en enero pasado que había llegado a "la verdad histórica" de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre a partir de numerosas pruebas científicas y los testimonios de los supuestos autores materiales.

El entonces fiscal, Jesús Murillo, dijo que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos quedaba acreditado que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan.

Torero destacó las limitaciones científicas y técnicas de los estudios realizados hasta ahora para una investigación de naturaleza, "por lo que sus conclusiones son, en su mayoría, erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación".

Según los cuatro supuestos autores materiales confesos, ellos incineraron a los jóvenes durante 12 horas por órdenes del jefe del cártel, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.

Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río San Juan solo pudo identificar genéticamente a uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora.

Según Murillo, la identificación de Mora certificaba "que el grupo ahí fue asesinado" porque "él iba con los demás".

Los expertos del GIEI han denunciado que algunos de los detenidos les han confesado que sufrieron torturas por parte de las autoridades para obtener la confesión, acusaciones que, exigen en el informe, tienen que ser investigadas.