Ricardo Robins

Hubo alegría y emoción. Pero también algo de disconformidad. El Tribunal Oral Federal Número 2 de Rosario condenó a prisión perpetua a Ramón Díaz Bessone y José Rubén Lofiego por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la zona de Rosario. Otro de los imputados, Mario Marcote, recibió 25 años. Mientras que las de José Scortechini y Ramón Vergara fueron de 12 y 10 años, penas que sobrevivientes y familiares de las víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía consideraron menor, teniendo en cuenta los crímenes que cometieron. A su vez Ricardo Miguel Chomicki, un ex militante montonero acusado de haber colaborado con los represores una vez que fue capturado por los grupos de tareas, fue absuelto.

Bebés en brazos, militantes de muchos años con los ojos vidriosos, otros más jóvenes que agitaban banderas, saltaban y cantaban, víctimas del terrorismo de Estado, testigos de los juicios, dirigentes políticos; todos ellos vivieron un mediodía histórico frente a los Tribunales de bulevar Oroño, donde la Justicia condenó a uno de los emblemas de la última dictadura militar y quien diseñó buena parte del plan represivo en Rosario: el ex jefe del II Cuerpo del Ejército Díaz Bessone .

Fue, por todo eso, una jornada de emociones cruzadas para quienes siguieron la lectura de la sentencia. Hubo un primer estallido cuando se conoció la perpetua del ex general. El ex preso político Dante Roberti decidió dejar de aguantar, rompió en llanto y se abrazó con los suyos. Al lado de él, una madre sostenía a su bebé en brazos y, sentado en el césped, un nene comía caramelos palitos la selva. Más allá, se multiplicaban los abrazos. El torbellino de emociones encontradas pareció resumirse en ese momento.

Esa mezcla intensa de alegría y dolor continuó y atravesó a todos los presentes durante la hora de lectura del fallo que realizó la jueza Beatriz Cavallero, que integra el TOF Nº 2 junto con Omar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe. Ese acto fue seguido por un pequeño grupo de Madres de Plaza de Mayo, mientras que afuera esperaba un nutrido grupo de integrantes de organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales.

Cuando llegó el turno de Lofiego y de Marcote también hubo una reacción pareja en las afueras del tribunal. Perpetuta para el primero y 25 años para Marcote.

La misma cantidad de años había pedido la fiscalía para Scortechini y Vergara, ex policías imputados y que formaban parte de la feroz patota de Feced, el hombre que mandaba en el centro de tortura que funcionaba en el sótano de Dorrego y San Lorenzo.

Los matices comenzaron con las últimas tres condenas. A las 12.40, se conocieron los 12 años para Vergara y se escucharon los primeros chiflidos, gestos de asombro y algunos insultos cambiaron el clima festivo.

Stella Hernández, ex presa política y testigo en la causa, aferrada a la bandera con la letra de la canción “Para la libertad” que tiene como yapa la firma estampada de Joan Manuel Serrat, gesticulaba y parecía buscar respuesta entre quienes la acompañaban.

La diputada provincial Alicia Gutiérrez mantenía la mirada baja mientras sostenía la foto de su hermana desaparecida, Ana María. Detrás de ella, un joven gritó "hijos de puta" y a esa altura no estaba claro si era a los acusados o al tribunal. A un costado y en silencio, el diputado nacional Agustín Rossi, seguía la lectura del fallo.

El siguiente caso confirmó el mal humor: 10 años para Scortecchini. Desde arriba del escenario, Carlos Novillo, sobreviviente del terrorismo de Estado y con un hermano desaparecido, adelantó el punto que más divisiones genera: el rol de Chomicky. “Ahora lo absuelven a él y se arma”, dijo y enseguida los parlantes montados en el lugar trajeron la voz de la jueza Beatriz Cavallero de Barabani, quien confirmó ese pronóstico.

La absolución del único civil en la causa había sido pedida por el fiscal Gonzalo Stara pero otros grupos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, reclamaban penas como el resto de los acusados. Esas divisiones se plasmaron también en el interior del acto.

Mientras un grupo cantaba contra Chomicky y advertía que lo iban a “encontrar en la calle”, Novillo explicó la visión de quienes se oponen a que sea condenado. “Toda persona que entró como víctima al centro clandestino sale como víctima. Nadie está preparado para ser picaneado. Además, hay una cuestión jurídica de fondo: eso podría abrir la puerta para juzgar compañeros y ver quién se quebró y quién no”, aseguró a Rosario3.com, mientras los silbidos seguían de fondo.

Quedó tiempo para otra reacción encontrada. Todos festejaron y aplaudieron que la condena debe cumplirse en cárcel común. Sin embargo, el “uhhhhh” volvió a escucharse cuando se dejó en claro que en el caso de Díaz Bessone se tendrá en cuenta “el previo análisis de su estado de salud”. Es decir, cuatro de ellos ya quedaron presos mientras que el viejo general seguiría en prisión domiciliaria.

Otro reproche a la sentencia fue la decisión del juzgado –con disidencia de Venegas Echagüe- de negar la posibilidad de investigar por falso testimonio a la jueza Cosidoy, quien declaró en esta causa y está acusada de haber colaborado con la dictadura en lugar de haber cumplido su rol de defensora de la víctimas.

Con festejos pero también con algo de desconcierto –“sabor amargo”, dijo una de las voces que bajaron del escenario-, el acto empezó a cerrarse de a poco.

"No creo que sean las condenas definitivas", dijo Eduardo Seminara, hoy vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los sobrevivientes de El Pozo. Herminia Severini, una de las Madres de Plaza de Mayo, protestó: “Si todos están acusados de crímenes de lesa humanidad, todos deben ser condenados, esto es una joda”. Ana Oberlin, abogada del grupo Hijos y querellante, afirmó que más allá de las diferencias en las condenas, “lo trascendente es que se consiguió la sentencia de cadena perpetua para Díaz Bessone, que es uno de los grandes ideólogos de la dictadura, eso no es menor”.

“Hay otras causas con estos mismos acusados y se podrá condenar por más años”, agregó Oberlin, como una síntesis de lo que entre tanta emoción, llanto contenido por años y alegría, repetían unos y otros: “Esto no termina acá, sigue”.

Las acusaciones

En el proceso, iniciado en julio de 2010, fueron juzgados el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone; el ex policía José Lofiego; los ex agentes Mario Marcote, Ramón Vergara y José Scortechini y el civil Ricardo Chomicky, por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita, recordó el ministerio.

La causa "Díaz Bessone", antes conocida como "Feced", investigó crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia en el que se estima pasaron entre 1.800 y 2.000 personas.

Con la de este lunes, suman seis las sentencias por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en la provincia, ya que desde 2009 se dictaron condenas en otras cinco causas que llevó adelante la justicia federal en territorio santafesino.

En ese sentido, el ministerio dijo que se trata de las causas Guerrieri-Amelong en Rosario y Brusa, Facino, González y Barcos, en la capital provincial y sostuvo que "se encuentra en trámite actualmente en Santa Fe la causa contra Roberto Martínez Dorr, cuyos alegatos también son transmitidos por internet". El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario que lleva adelante el juicio está integrado por los jueces Omar Pauluchi, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe.

Durante el proceso se investigó la actuación del ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército Ramón Díaz Bessone, para quien la acusación pidió una condena a prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, tormento y asociación ilícita.

El fiscal Gonzalo Stara solicitó la misma pena para el ex policía Rubén Lofiego y 25 años de prisión -por no estar involucrados en homicidio- para los ex agentes Mario Marcote, Ramón Vergara y José Scortechini.

Díaz Bessone cumple detención domiciliaria, mientras los demás imputados con excepción de Chomicky, también se encuentran detenidos pero por un segundo tramo de la misma causa que aún está en etapa de instrucción. El juicio se inició bajo la denominación de Causa Feced, en referencia a Agustín Feced, quien estuvo al frente de la Jefatura de Policía durante la última dictadura.