Otro doce recolectores fueron imputados este jueves en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en una audiencia a la que asistieron en libertad y acompañados por un abogado, donde la fiscal Valeria Haurigot les atribuyó el delito de "impedimento del normal funcionamiento del transporte por tierra", como consecuencia de la cuestionada protesta del 9 de octubre pasado en avenida Pellegrini y Ovidio Lagos. 

Todos ellos fueron identificados por tareas de la Unidad de Investigación y Juicio de Fiscalía y la Policía de Investigaciones, quienes consideran acreditada su presencia en el lugar y la participación en el hecho. Se suman entonces a los diez que ya estaban involucrados en la causa penal, detalló el periodista del Tres Hernán Funes en el programa Telenoche.

El hecho en cuestión sucedió en medio de una interna gremial, cuando un numeroso grupo con camiones de Ambiental Planet y Clean City cortó la avenida y arrojó unas 24 toneladas de basura. Allí, una agresión a un transeúnte terminó con Fausto M. detenido días después, imputado también por amenazas.

Una ONG, interesada

El grupo imputado este jueves no participó de la agresión al transeúnte pero que sí cortó el tránsito por nueve horas. Inclusive, todo el hecho tuvo consecuencias no sólo para el transporte urbano sino también para los vecinos, comercios de la zona y el municipio, que tuvo un gasto económico importante para dejar la zona condiciones.

Ninguno de los citados optó por declarar en la audiencia. Fuentes de la investigación explicaron que al tratarse una interna gremial entre los sindicatos de Recolectores y Camioneros en la que no hubo reclamo a las autoridades, la persecución penal no afecta el derecho a la protesta.

Los implicados pertenecen al Sindicato de Camioneros y algunos tuvieron activa participación en la campaña de un sector político. El episodio sucedió a días de las elecciones generales.

Como la pena en expectativa no sería de cumplimiento efectivo, una posibilidad que surgió entre la Fiscalía y la Defensa es que quienes no tengan antecedentes condenatorios y puedan acceder a una suspensión del juicio a prueba realicen tareas comunitarias. De hecho, el Foro Regional Rosario ya se mostró interesado en contar con la capacidad de labor de más de 20 personas aptas para todo tipo de actividades.

En el caso de un acuerdo, esa posibilidad deberá ser refrendada por un juez.