Pese a que el juez penal Gustavo Pérez de Urrechu habilitó una mesa de discusión para tratar la posibilidad de que los presos santafesinos cobren el mínimo vital y móvil como planteó el Defensor General Gabriel Ganón, desde el gobierno provincial insisten en no pagar. Explicaron que las cárceles que dependen de la provincia ya abonan un peculio de entre 200 y 1800 pesos de acuerdo al trabajo que realicen.

“Más allá de la justicia o injustica (del planteo), nosotros lo que pedimos es seguir las leyes provinciales y dentro de las ley provincial esto no está consignado”, señaló el fiscal adjunto del Estado, Gustavo Luzzini en diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Robeto Caferra por Radio 2.

Más tarde, en contacto con A Diario, que conduce Alberto Lotuf, el director general del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Pablo Cococcioni se quejó del “bombardeo de hábeas corpus de parte del defensor provincial” y defendió las gestiones del socialismo.

De acuerdo a datos de julio del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla),en Santa Fe hay 4.239 detenidos, de los cuales, según Luzzini trabaja cerca del 30 por ciento fabricando muebles para el Estado provincial, a diferencia –advirtió– de los presos federales que son empleados en empresas privadas.

Así, Luzzini marcó una de las diferencias fundamentales entre las cárceles que depende de la provincia, y las que dependen de la Nación: “El gobierno nacional terceriza el trabajo”. Y entonces sí –aclaró– cabe el pago del sueldo.