Este miércoles a las 10, se presentará en los tribunales federales de la ciudad de Rosario (con sede en calle Entre Ríos 435) un amparo para declarar inconstitucionales los Decretos 256/2015 y 257/2015, por medio de los cuales el presidente Mauricio Macri intenta transferir las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación. Se trata de un escrito firmado por el concejal Eduardo Toniolli y la diputada nacional Lucila De Ponti, ambos del Movimiento Evita - FPV.
El Decreto 256/2015 transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; mientras que el Decreto 257/2015 suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley 27.063, prevista para el 1° de marzo de 2016.
La presentación judicial detalla cómo los Decretos 256/2015 y 257/2015, “constituyen una clara afrenta a la División de Poderes” ya que la Constitución Nacional “veda al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar DNU que regulen materia penal”, y también se explicita que si el objeto del contenido de los Decretos son considerados inmediatos, se debe llamar a sesiones extraordinarias y no “pisotear la Constitución”.
Decreto aplazado
El pasado 29 de diciembre de 2015, la Corte Suprema decidió postergar hasta el 15 de febrero la transferencia de las escuchas telefónicas de la órbita del Ministerio Público Fiscal a la del máximo tribunal, tras considerar que "no es posible" hacerlo "de inmediato" por la cantidad de "medios humanos y materiales" que involucra.
La decisión de postergar a hasta mitad de febrero la transferencia dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 256/2015 firmado por el presidente Mauricio Macri y publicado el 29 de diciembre en el Boletín Oficial fue tomada durante la habitual reunión de Acuerdo que realizan los martes los jueces de la Corte.
En paralelo, la Procuración General de la Nación conducida por Alejandra Gils Carbó rechazó transferir el control de las escuchas judiciales y calificó de "inconstitucional" a la decisión porque "elude el debate parlamentario sin justificación válida".
