El Defensor General de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, presentó este lunes ante la Cámara de Apelaciones de Rosario un hábeas corpus en favor de C.L.F, de 16 años, quien está sospechado de ser el autor del crimen de Eduardo Piris, el taxista que fue asesinado la semana pasada. Considera que la privación de la libertad dispuesta por la jueza de Menores N° 2, Gabriela Sansó, “violenta el debido proceso legal y el derecho constitucional a la defensa en juicio”.

Según Ganón, el motivo de la presentación del recurso radica en “la manifiesta inconstitucionalidad en la aplicación del Código Procesal Penal de Menores, debido a que fue el joven asistido por un defensor que depende jerárquica, administrativa y disciplinariamente del Procurador General y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe”.

De esta manera, consideran que queda establecido un “doble comando”, debido a que la fiscal que solicitó la medida cautelar también depende funcionalmente del Procurador General.

En segundo lugar, Ganón solicitó que los argumentos dados por la Fiscal interviniente en la causa sean vertidos en una audiencia oral y pública. Asimismo pidió también que en dicho caso intervenga “un defensor autónomo que no dependa del mismo órgano que lo acusa como ha ocurrido aquí”. Afirma que esta circunstancia afecta el derecho constitucional a la defensa en juicio y al debido proceso.

Por último, el Defensor General requirió al Tribunal de Alzada que de tratamiento al planteo de inconstitucionalidad de los artículos 74, 75, 76, 78 y 79 inc. 2 del Código Procesal de Menores (Ley 14.452). “Esta normativa coloca al joven imputado en una situación de clara desventaja en comparación con un mayor de edad, entre otras cosas, porque habría podido acceder a un defensor público autónomo y no un asesor letrado que dependiese administrativa y disciplinariamente del Procurador General y de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe”, estableció.

El Defensor General señaló que la detención del menor, solicitada por la fiscal, fue realizada “de manera irregular y arbitraria”.

Ganón describe que “en un primer momento la funcionaria habría señalado en medios de comunicación de la ciudad de Rosario que, durante el procedimiento de detención, la policía secuestró una escopeta y que contaban con varios testigos que vinculaban al joven con el hecho”. Luego advierte que “se conoció que los efectivos no incautaron ningún tipo de arma de fuego y que el único testigo describe al victimario como «alto y corpulento», una contextura física distinta a la del menor detenido”.

“Más allá de las graves violaciones a las garantías constitucionales, la ausencia material de pruebas convierten a esta detención en un hecho irregular y violatorio de los Derechos Humanos”, concluyó el Defensor.

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