El Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, dictó el procesamiento con prisión preventiva para las tres personas detenidas el pasado mes en allanamientos en un prostíbulo de Pueblo Esther. Están acusados de cometer el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 mil pesos por cada uno de ellos.

Dos mujeres y un hombre fueron arrestados el pasado 21 de agosto en el prostíbulo "El Negro Olmedo", donde además rescataron a siete mujeres que eran víctimas del delito de trata de personas y se secuestraron armas de fuego, droga, armas y documentación. Esa madrugada se hicieron tres allanamientos en tres lugares distintos, sin embargo, sólo en ése hubo resultados positivos. 

Según la investigación realizada por la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario se pudo determinar que los tres prostíbulos ("El Negro Olmedo", "Azul" y "El Rojo") ubicados afuera de la ciudad tenían conexiones. En todos habrían trabajado mujeres extranjeras, en su mayoría de nacionalidad dominicana. En los tres boliches funcionaría un sistema de "copas" y "pases". 

Además, se pudo establecer que las víctimas iban a los lugares en remises y que se hacían cargo del 50 por ciento del costo del transporte, mientras que la otra mitad de la tarifa era asumida por los presuntos responsables de regentear los prostíbulos.

De acuerdo a la declaración de un policía, las mujeres ingresarían con una deuda monetaria que para poder saldarla tendrían que trabajar ofreciendo servicios sexuales dentro de los establecimientos investigados.

A su vez, agregó que “esa suma serviría para los gastos comunes del inicio de la actividad, como ser la compra de preservativos, papel higiénico, rolisec, prendas íntimas, entonces esta suma funcionaría como enganche, y a partir de ahí las mujeres están todo el tiempo endeudadas con el dueño. Además, esa deuda nunca se saldaría porque constantemente generarían deuda con los encargados y/o dueños… esas deudas se generarían también por motivos de conducta, horarios, trasgresión a ciertas reglas implícitas”.

Por otra parte, un testigo señaló que en "El Negro Olmedo" había lugares precarios destinados a la actividad sexual, tanto dentro del lugar como en las afueras, donde hay un galpón. También añadió que las víctimas no podían disponer de su libertad para ir a otro lugar más confortable para llevar a cabo la libertad sexual ni tampoco podían elegir con qué persona estar.

El juzgado consideró que los elementos recolectados en la investigación, los sospechados ejercerían distintos mecanismos de coacción y control respecto a sus víctimas, ya que además de retenerles el 50 por ciento de sus ganancias durante el período de permanencia en el prostíbulo, llevaban adelante un sistema de vigilancia constante, tanto a través de la presencia de los responsables del lugar o sus encargados, como mediante el aleccionamiento apreciado en el discurso de las víctimas. 

Las características investigadas responderían a condiciones de permanencia impuestas unilateralmente por parte del dueño y los responsables, lo cual permitió sospechar la existencia de una relación de poder que éstos ejercerían sobre las presuntas víctimas del delito investigado.

La causa

El 21 de agosto, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) de la delegación Rosario llevaron a cabo un procedimiento en un local nocturno en el kilómetro 2,8 de la ruta A-012, en jurisdicción de la localidad de Pueblo Esther. Rescataron a siete víctimas de trata, detuvieron a varias personas, secuestraron droga y otros materiales. Había aproximadamente 15 clientes en el momento del procedimiento, tres de los cuales eran menores de edad.

En la investigación se pudo establecer que las víctimas ofrecían "sus servicios sexuales en forma indistinta en cada uno de los establecimientos, en caso de que la concurrencia del público sea mayor en alguno de ellos”. 

Por otro lado, también se pudo determinar que en cada uno de los locales nocturnos funcionaba un servicio de remís para trasladar a las mujeres, que debían hacerse cargo del pago del 50 por ciento de su valor. Asimismo, se constató que el bar “El Rojo” había sido clausurado por la Municipalidad en reiteradas ocasiones y que el encargado del lugar había burlado la faja de seguridad.