“Inmobiliaria Pública” o el desafío de un municipio constructor y planificador de su propio suelo. Así podría resumirse el espíritu del proyecto que presentará este jueves a las 18, el espacio Ciudad Futura. Según los autores de la iniciativa, se trata de un “instrumento para dejar de diagnosticar las injusticias de la ciudad y empezar a trasformarla”, con “una intervención decidida en favor de las mayorías”.

El proyecto tiene dos objetivos. Uno de mínima, que implica “la regulación de lo existente” en el mercado de alquileres y que plantea al Estado local “como garante y facilitador de crédito para asegurar el ingreso al mercado formal; transparentar y formalizar el mercado para evitar abusos; penalizar los inmuebles vacíos con tributos municipales para incrementar la oferta; entre otras medidas posibles”.

Para Ciudad Futura, que presenta candidatos en estas elecciones (Gabriela Durruty para intendente y Juan Monteverde a concejal), esta primera parte “es un piso desde donde partir, que no debería ser difícil de consensuar considerando que las plataformas de cualquier partido político proponen medidas similares bajo títulos de lo más diversos”. Y agregan: “Esto está bien, pero no alcanza. Porque para atacar las verdaderas causales de la fragmentación urbana y asegurar el derecho a la vivienda y a la ciudad necesitamos una propuesta más integral”.

La segunda meta de la “Inmobiliaria Pública” es consolidarse como “una empresa municipal que opere en el mercado de la tierra y la construcción, para que ponga al Estado no sólo como planificador-interventor sino fundamentalmente como urbanizador”.

“En el plano privado, el Estado prácticamente no interviene en la construcción de ciudad. Se limita sólo, y en el mejor de los casos, a administrar la inversión privada, por lo que la ciudad se expande sólo en los lugares donde hay interés privado. En el plano público el Estado se restringe a facilitar el acceso a la propiedad de dos formas: planes de vivienda (FONAVI) y financiamiento público individual (ProCrear y Mi tierra Mi casa). Los planes generalmente son mal planificados, de mala calidad y segregados a los espacios no rentables y periféricos de la ciudad”, indica.

Ante ese fenómeno, que configura una ciudad cada vez más fragmentada, el proyecto propone avanzar hacia la “especulación positiva” desde el municipio.

En pocas palabras, que el Estado toma el rol de los inversiones privados y sea él quien, en base a la obra pública y la información, le otorgue valor agregado a los terrenos en donde se decida a iniciar un plan de vivienda.

“Entre el momento en que la tierra vale nada, está olvidada y los que allí viven no le importan a nadie y su posterior evolución en zona de lujo, operan el mercado y las corporaciones. Operan porque tienen información y recursos económicos y logísticos para hacerlo. Y allí se transfieren millones y millones de pesos públicos a sectores privados que sólo especulando ven aumentada su renta de forma extraordinaria”, describe Ciudad Futura.

“El Estado -continúa- podría hacerse de tierra en zonas estratégicas a bajo costo. Retomar su capacidad de planificación y urbanización que hoy no tiene. Y desde allí, desde esa posición, desplegar distintas estrategias de urbanización, articulando distintas formas de producción de vivienda (construcción pública, auto-construcción, cooperativas de vivienda, emprendimientos mixtos, etc.). Dicho instrumento no sólo daría solución habitacional a distintos sectores sociales, sino que apuntaría a “entramar” los barrios de la ciudad con criterios de mixtura y heterogeneidad social, asegurando el acceso al equipamiento público”. 

Los fundamentos, alcances y detalles del proyecto –que es presentado como “un giro de 180º en la forma de hacer ciudad”- serán explicados por los equipos técnico-políticos de Ciudad Futura este jueves desde las 18 en el Distrito Siete (Ovidio Lagos 790).