A poco de cumplirse una década desde la peor inundación que sufrió la ciudad de Santa Fe, el procurador general de la provincia Jorge Barraguire reveló que se presentaron dos resoluciones para evitar más dilaciones en el proceso judicial que aún no logró, en todo este tiempo, una resolución en primera instancia. 

En diálogo con el programa A Diario, que conduce Alberto Lotuf por Radio 2, el funcionario precisó que en marzo efectuó una primera presentación para evitar que los fiscales roten y afecten el desenvolvimiento de la causa. En tanto la segunda instrucción fue interpuesta a principios de abril, aunque aún no consiguió el carácter de resolución. Su objetivo es, según explicó Barraguirre, sortear las demoras que trae la contestación fraccionada de las defensas. “En vez de ser hechas sucesivamente, la idea es que lo hagan de forma simultánea y así ahorramos tiempo”, indicó. 

El 29 de abril de 2003 el río Salado se desbordó y dejó como saldo 25 muertes y más de un centenar de víctimas fatales por efectos colaterales, además de millonarias pérdidas materiales. En total son 5.000 las demandas civiles iniciadas por daños a la esperan de una indemnización. Aún más son los vecinos quienes desde entonces piden “juicio y castigo a los inundadores”, en referencia a la causa judicial que investiga las responsabilidades de los por entonces funcionarios de primer nivel. 

Pese a que la administración de Hermes Binner propuso llegar a un arreglo extrajudicial en 2009, éste nunca prosperó. Esperan ahora que con las nuevas resoluciones, la Justicia emita finalmente un fallo compensatorio.