La orden de desalojo a 500 familias que estaba prevista para el 15 de febrero en el terreno que está ubicado en Cullen y Saavedra se postergó dos meses. Este martes se llevó a cabo una instancia de diálogo entre funcionarios municipales, los dueños del predio y los afectados por la medida judicial, donde se pasó a un cuarto intermedio. Por otra parte, se presentó un proyecto de expropiación del terreno en la Legislatura santafesina.
En contacto con Rosario3.com, la abogada que representa a la mayoría de los vecinos, Analía Carrió, señaló que la orden de desalojo se pospuso para el 15 de abril. Además, señaló que funcionarios municipales y los propietarios del terreno "discutieron mucho" y que dichas partes se volverán a ver el 15 de febrero.
En la cita hubo un representante del municipio, de las familias afectadas y de los dueños del predio. Además, participaron los diputados provinciales del Frente de Izquierda, Mercedes Meier, y Carlos Del Frade. Este último presentó la semana pasada un proyecto de expropiación del terreno. La idea de la iniciativa, según comentó el legislador, es que la provincia compre las tierras y brinde un plan de pago a los vecinos que están en el lugar. Los afectados ya manifestaron voluntad de pagar con parte de sus ingresos.
La demanda
La Compañía Santafesina de Tierras compró el predio en 1984; mientras que la demanda para desocupación del mismo fue presentada en 1999. En aquel entonces, el juez a cargo del expediente era Hugo Escalante, quien antes de dictar la resolución convocó a las partes en un intento por llegar a un acuerdo, ya que los habitantes del predio proponían pagarlos con sus planes de trabajo. Sin embargo, no se logró una solución y el magistrado dictó sentencia de desalojo hace diez años, pero aún no se cumplió.
En 2009, cuando Miguel Lifschitz era intendente de Rosario envió al Concejo Municipal el proyecto para que el terreno fuera declarado de interés público y social, sujeto a expropiación. Así, en 2010 salió la ordenanza 8.697, hubo una multitudinaria reunión entre las partes; y se envió la iniciativa de expropiación a la Legislatura provincial, donde "nunca llegó", según indicó la abogada Analía Carrió.
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