El juez Juan Carlos Curto otorgó este martes el beneficio de la detención domiciliaria a una mujer de 35 años, imputada por más de una decena de extorsiones telefónicas que se dieron entre finales de 2014 y mediados de 2015, hasta que la banda fue desbaratada.

En una audiencia llevada adelante en los Tribunales, el fiscal Nicolás Foppiani le imputó sólo hoy 11 hechos puntuales a Carina M., quien llevaba 9 meses detenida en la Alcaidía de Mujeres. Ahora, seguirá el proceso por los denominados "secuestros virtuales" desde su casa.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación se opuso a la medida dispuesta por el juez y adelantó que apelará, ya que había solicitado la permenencia en sede policial o penitenciaria.

Entre sus argumentos, en la audiencia oral y pública enumeró que la imputada está expuesta a una pena en expectativa alta -tiene un mínimo de 5 años pero una máxima que podría superar los 25- y debía considerarse el peligro de fuga.

Como punto fundamental, Foppiani sostuvo que no era conveniente ni la libertad ni la detención domiciliaria, porque justamente es el lugar desde el cual cometía las extorsiones.

Según describió, la mujer quedó involucrada a partir de pruebas objetivas, como la geolocalización de su teléfono celular en puntos claves donde se cometieron los “secuestros virtuales" y, además, porque en uno de los allanamientos le secuestraron líneas usadas directamente para contactar a las víctimas.

Fuentes judiciales dejaron entrever además que hay denunciantes que han sido intimidados por el grupo involucrado en el proceso judicial, compuesto por unas 20 personas. El propio fiscal radicó tras una audiencia una denuncia por amenazas de parte de familiares de imputados.

En la vereda de enfrente, José Nanni, abogado defensor de Carina M. junto a Paul Krupnick, valoró la decisión del juez Curto, sostuvo que la prueba es "endeble" y se preguntó: "¿Cuál sería el sentido de mantener encarcelada a una persona para luego dictarle una sentencia absolutoria?".

El proceso

A mediados de 2015, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones realizaron 15 allanamientos para desbaratar a la banda, cuya mayor parte es de la comunidad gitana. Encontraron más de 20 autos de alta gama, joyas, dinero y más de 60 celulares. Estiman que, mientras estuvieron activos, recogieron un botín mayor a los tres millones de pesos.

Sin embargo, desde que avanzaron contra el grupo, las denuncias en el 911 se redujeron notablemente. Por ejemplo, en enero de 2015 hubo 225 denuncias y apenas 5 en septiembre, con los acusados ya detenidos.

Cuando la discusión por las medidas cautelares estuvo en la Cámara Penal, el juez Carlos Carbone avaló a los investigadores y consideró que las extorsiones eran "graves". También, remarcó la "conmoción social" que causaron en Rosario, donde hicieron hasta 200 llamados por noche.

Con la carga probatoria colectada, ya en diciembre de 2015, Yanina Miguel aceptó su responsabilidad en un sólo caso en grado de tentativa -la víctima fue la esposa de un comisario-, se declaró culpable y acordó una pena de 3 años de prisión efectiva.