El juez Carlos Leiva declaró este miércoles en rebeldía a Carina M., una mujer de 35 años que está imputada por más de una decena de extorsiones telefónicas que se dieron entre finales de 2014 y mediados de 2015. La mujer había obtenido el 1 de marzo el beneficio de la detención domiciliaria, pero hace al menos dos días se fugó.

Según informó el periodista de Radio 2 Hernán Funes, el Ministerio Público de la Acusación la enmarca en una banda dedicada a secuestros virtuales desbaratada el año último.

Estuvo alojada en la Alcaidía de Mujeres, pero hace 30 días el juez Juan Carlos Curto le concedió el beneficio de la prisión preventiva en su casa, a pesar de los argumentos esgrimidos por el fiscal Nicolás Foppiani, de la Unidad de Investigación y Juicio.

Aquel día, Foppiani sostuvo que no era conveniente ni la libertad ni la detención domiciliaria porque justamente es el lugar desde el cual cometía las extorsiones. Asimismo, enumeró que la imputada está expuesta a una pena en expectativa alta -tiene un mínimo de 5 años pero una máxima que podría superar los 25- y debía considerarse el peligro de fuga.

Como el fiscal apeló, el juez de Cámara Carlos Carbone ordenó días atrás que sea alojada otra vez en sede policial hasta tanto se realice el debate en una audiencia de segunda instancia. Así, hace 48 horas una comitiva fue a su casa para derivarla –por orden judicial– a una dependencia penitenciaria y no la encontraron.

De allí surgió la audiencia de este miércoles, donde la mujer tampoco compareció en Tribunales y, ante sus abogados defensores Paul Krupnik y José Nanni, Leiva la declaró en rebeldía. El fiscal ya solicitó su recaptura.

La causa

A mediados de 2015, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones realizaron 15 allanamientos para desbaratar a la banda, cuya mayor parte es de la comunidad gitana. Encontraron más de 20 autos de alta gama, joyas, dinero y más de 60 celulares. Estiman que, mientras estuvieron activos, recogieron un botín mayor a los tres millones de pesos.

Sin embargo, desde que avanzaron contra el grupo, las denuncias en el 911 se redujeron notablemente. Por ejemplo, en enero de 2015 hubo 225 denuncias y apenas 5 en septiembre, con los acusados ya detenidos.

Uno de sus principales miembros es, para la Justicia, Carina M., de 35 años. Quedó involucrada a partir de pruebas objetivas, como la geolocalización de su teléfono celular en puntos claves donde se cometieron los “secuestros virtuales" y, además, porque en uno de los allanamientos le secuestraron líneas usadas directamente para contactar a las víctimas.

La propia Cámara Penal avaló a los investigadores y consideró que las extorsiones eran "graves". También, remarcó la "conmoción social" que causaron en Rosario, donde hicieron hasta 200 llamados por noche.

La causa tiene ya a una mujer condenada. Se trata de Yanina Miguel, quien aceptó su responsabilidad en un sólo caso en grado de tentativa -la víctima fue la esposa de un comisario-, se declaró culpable y acordó una pena de 3 años de prisión efectiva.