Tanto el gobierno de Turquía como el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda, siguieron este domingo aumentando la tensión, con tres nuevos muertos entre los militares, dos de ellos en un ataque suicida contra un cuartel de la Gendarmería en la provincia oriental de Agri.

Este ataque, ocurrido durante la madrugada del domingo, fue descrito en un primer momento por el gobernador provincial como un "atentado suicida con un tractor cargado de dos toneladas de bombas", en una nota difundida en su web.

Un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas señala que tras la explosión, el cuartel fue tiroteado con armas automáticas, sin mencionar al supuesto suicida, pero el diario "Hürriyet" asegura que efectivamente, en el ataque fue despedazado el militante que conducía el vehículo agrícola cargado de explosivos.

Aparte de los dos soldados fallecidos, otros 31 resultaron heridos, cuatro de ellos de forma grave, añade la institución castrense.

También durante la misma madrugada otro soldado murió al estallar una mina colocada al paso de un convoy militar en la provincia de Mardin, una táctica clásica del PKK.

Con estos ataques ya son 17 los muertos entre los cuerpos policiales y militares desde que la guerrilla, el 24 de julio pasado, dio por roto el alto el fuego declarado hace dos años.

A ello se añade un transeúnte civil, fallecido en el ametrallamiento de un coche policial, y un obrero ferroviario, tiroteado mientras inspeccionaba el lugar de un sabotaje de una vía férrea.

El Ejército turco, por su parte, continúa su campaña contra los refugios del PKK en el norte de Irak, donde el último bombardeo se registró el sábado por la mañana, mientras que hoy se observan vuelos de aviones espía no tripulados, asevera un comunicado del propio PKK, difundido por la agencia kurda Firat.

Este sábado un ataque aéreo contra el pueblo de Zargali, en las montañas Kandil iraquíes, mató a 8 civiles, según la agencia turca DIHA, mientras que el Gobierno del Kurdistán iraquí autónomo habla de 8 muertos, "cinco de ellos aldeanos de la región", y condena la muerte de civiles en los bombardeos turcos en una nota publicada ayer en su web.

Pidió tanto a las Fuerzas aéreas turcas que no volviesen a atacar pueblos, como al PKK que mantenga sus fuerzas cerca de lugares edificados, pero no exigió que retirase sus militantes del Kurdistán iraquí.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas turcas admitió hoy en una nota publicada en su web el bombardeo, pero aseguró que se hizo "tras un trabajo detallado y meticuloso" y que únicamente se habían bombardeado "refugios de terroristas" sin que hubiera viviendas civiles cerca.

La polémica se añade a la tensión interna de Turquía, donde ayer, 20 intelectuales, parte de un grupo de "sabios" nombrado por el propio Gobierno hace dos años para respaldar el proceso de paz, firmó un comunicado para pedir el fin inmediato de los enfrentamientos armados y la recuperación del diálogo político y civil.

En la misma línea, el líder del partido izquierdista y prokurdo HDP, el cuarto del Parlamento, Selahattin Demirtas, reiteró hoy su llamamiento a ambos bandos de hacer callar las armas.

"El PKK debe silenciar las armas y quitar el dedo del gatillo, y el Gobierno debe poner fin a sus operaciones. No digo que el Estado deje las armas pero otra cosa es quitar el dedo del gatillo", subrayó Demirtas, quien durante el fallido proceso de paz mantuvo frecuentes contactos con el PKK.

Sin embargo, horas después el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, restaba autoridad a Demirtas, alegando que el PKK le permite "jugar el juego político" pero sin otorgarle "derecho a hablar", y "sin parar de desmentir al día siguiente lo que dice".

Davutoglu aseguró que "el mayor golpe al proceso de paz" fueron las protestas del parque Gezi, iniciadas en verano de 2013, "en la que se aprovechó un asunto ecológico para "convertirlo en una gran anarquía social".

Durante las manifestaciones de Gezi, reprimidas mediante enormes cargas policiales, se unieron por primera vez izquierdistas, militantes kurdos, nacionalistas republicanos y colectivos de todo el espectro social, como feministas, activistas por los derechos de gays y lesbianas o ecologistas en un bando común enfrentado al Gobierno.