La posibilidad de arancelar y tomar algún tipo de examen de ingreso en las universidades públicas quedó completamente anulada a partir de una ley que aprobó el Senado, que abre la puerta además para que se puedan flexibilizar los requisitos para que los alumnos mantengan la condición regular.
Con esta norma, fruto de un proyecto de la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós, se modifica la lley de educación superior. El principal cambio es la inclusión del artículo 2 bis, que establece la "prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa" sobre las carreras de grado en las universidades públicas.
El texto de la norma define el ingreso a la educación universitaria como "libre e irrestricto". Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía "exámenes eliminatorios" u "otros mecanismos de exclusión".
Los expertos explicaron que esta modificación echa por tierra los cursos de nivelación que realizan algunas facultades.
Adriana Puiggrós, autoria del proyecto, explicó que las facultades no podrán alegar su autonomía para evitar la aplicación de la ley. "La autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional", argumentó.
