Este martes está previsto el remate de un departamento céntrico, donde habita una anciana discapacitada. Se trata, según señala la ONG Concejalía Popular, de uno de los 5.500 casos en la provincia en los que viviendas únicas corren peligro de ser subastadas por deudas. De acuerdo a lo que denunciaron, existe un negocio detrás de esta gravisima situación.

En el programa Radiópolis (Radio 2), Ariel D´Orazio, abogado de la Concejalía Popular, confirmó que este martes a las 14, en Sarmiento y Maipú, se rematará la vivienda de Gilda, una mujer de 70 años que padece una discapacidad. Según ahondó en diálogo con Rosario3.com, la mujer cuidó de su madre quien, antes de fallecer le dio en donación el inmueble. Sin embargo, según indicó, la hermana le exigió la mitad del departamento y la justicia tomó la solicitud. “Fueron a juicio y el juez interviniente no aceptó el documento de donación. Así se llega a la situación de remate en un claro problema familiar”, sostuvo. La decisión fue tomada en el juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la novena nominación, juez Marcelo Ramón Bergia.

“Está claro que esta persona –por la hermana de Gilda– no necesita el inmueble, tiene en Buenos Aires un negocio inmobiliario con más de 13 propiedades a su nombre”, remarcó. La primera fecha de remate fue en octubre pero no se logró la subasta: “No hubo oferentes y notamos una clara intención de hacer un negocio, de que alguien haga la compra y dejar a Gilda en la calle. Ella misma hizo ofertas para comprar la mitad pero nada fue escuchado”, indicó.Rematados

D' Orazio confió en que unos 5.500 propietarios de vivienda única podrán sufrir el remate de las mismas en toda la provincia de Santa Fe.

“La mayoría de los casos son por haber tomado préstamos de entidades que desparecieron, se hizo imposible hacer el pago, muchos porque las entidades cerraron, como por ejemplo, el banco Aciso o el Bid que vendieron sus paquetes de deudores. Gestionaron el cobro a través de empresas que hacían las cobranzas y se iniciaron juicios”, observó. “Hay bancos que estafaron a sus ahorristas, que les confiaron los pocos ahorros que tenían en los noventa o principio de 2000”, agregó.

“Vemos una intencionalidad en hacer negocios”, destacó y aseguró que en muchas ocasiones hay ofrecimientos de parte de los deudores hacia los acreedores pero nunca son aceptadas. “Hay un caso de una persona que ofreció 100 mil pesos al contado y 150 mil en cuotas y el acreedor terminó rematando por 180 mil cuando se sabe que recibirá mucho menos que esa cifra”, apuntó.

Desde la Concejalía Popular sostienen que la salida de vigencia de la ley provincial 13.116, que suspendía los remates de viviendas únicas y que establecía un procedimiento especial en la Justicia para los deudores, volvió a poner en riesgo de subasta estas viviendas.

Ante el escenario actual, en el que reviven los remates, impulsan una propuesta para suspender las subastas que involucren a las propiedades familiares y permanentes que se centra en tres pasos. Propone la suspensión de las subastas en la provincia por un período de veinticuatro meses. En segundo lugar, impulsa la creación de un registro de deudores de vivienda única para poder tener certeza sobre la cantidad existente y el origen de la deuda. Y, pretende determinar la identidad y origen de los acreedores, es decir si se trata de entidades financieras, privados, especuladores o usureros.

Además, se propone la creación de una comisión bicameral donde puedan participar organizaciones sociales, ONG y los gremios, para lograr la sanción de una ley que tenga como premisa la recuperación de lo que establecía la ley Nº 13.116.