El humo, producto de la quema de pastizales en las islas que están del otro lado del Paraná, otra vez tema de polémica entre la provincia de Santa Fe y la de Entre Ríos. Esta semana se suma una nueva demanda que llegará a la Corte Nacional para que cesen los incendios intencionales e indiscriminados.

La Universidad Nacional de Rosario será en esta oportunidad la encargada de hacer la presentación. Es en resguardo de los intereses de los ciudadanos rosarinos por el impacto ambiental y en la salud pública que está generando la quema indiscriminada de pastizales en en esa zona.

La presentación que llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tiene puestas la firma del rector Darío Maiorana, el decano de Derecho, Ricardo Silberstein, y el asesor jurídico de la UNR, Aldo Baravalle. Y en su contenido es diferente a la que realizó hace un tiempo la Municipalidad de Rosario porque está fundada en otros artículos de la ley ambiental.

En contacto con Radio 2, Darío Maiorana, rector de la UNR, señaló que "para hacer la demanda se realizó un estudio fáctico de los hechos con las distintas cátedras de Medicina". "En este sentido, se evaluó el daño ambiental fronterizo que se efectúa con la quema ya que estamos hablando de dos estados provinciales", abundó el rector.

En tanto, Mairona remarcó que "hay que tener en cuenta que si bien jurídicamente se demanda a la provincia de Entre Ríos es en favor de los habitantes de la ciudad y su zona de influencia". "La quema ocasiona problemas de calidad de vida, de salud porque estamos hablando que se contamina el ambiente", dijo la autoridad máxima de la universidad.

Según señaló el rector de la UNR fue "el daño que se le ha hecho sobre todo a la ciudad de Rosario y su zona de influencia a través del humo; todo eso sin perjuicio del daño al ecosistema, pero que afectó a la población expuesta al humo" fue lo que obligó a la Facultad de Derecho a emitir esta medida.

Es que si bien la demanda surge de la facultad de Derecho –porque tiene por obligación tratar de devolverle a la sociedad lo que recibe de ella y estudiar la posibilidad de hacer algún tipo de planteo– pero es avalada por toda la universidad.

El origen de la denuncio nació en la cátedra de Derecho Ambiental de Derecho y la presentación es una demanda de amparo por incidencia colectiva, la ley 25675, por la cual se pide "exclusivamente el cese de fuego, y que se arbitren todas las medidas por parte del gobierno de Entre Ríos".

Pero más tarde se extendió a las facultades de Agrarias, Ingeniería, Medicina y Bioquímica, con la presentación de distintos informes sobre el tema. Incluso la facultad de Ciencias Médicas presentó pericias de las cátedras de Alergia e Inmunología, Neumonología y Medicina Social y la de Bioquímica hizo el análisis de dioxinas y furanos en aire.

Según los estudios la emisión de dioxinas del mes de abril hasta el mes de setiembre incluido, dio una medida de 2,63 unidades químico tóxicas por año. Para tener una idea de comparación, los especialistas señalaron que "el máximo admitido a Botnia por el gobierno uruguayo es de 00,163".