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19:08 | domingo, 01 de noviembre de 2009
   
Noticias | País
Alquiler de vientres en la Argentina: ni prohibido ni permitido
La discusión en torno al vacío legal que rodea al tema cobró impulso tras un aviso clasificado. En éste, una mujer cordobesa ofreció su útero para conseguir dinero y así poder recuperar la tenencia de sus hijos
La práctica no está legislada en el país y genera dudas y polémica.
La práctica no está legislada en el país y genera dudas y polémica. Ampliar Imágenes

El caso de la mujer cordobesa que publicó un aviso clasificado ofreciendo su útero en alquiler para poder mantener a sus cuatro hijos, renovó la polémica en relación con el alquiler de vientres, algo que en Argentina no está legislado. De esa manera, la actividad se realiza sin que esté prohibida ni permitida.

La mujer cordobesa, de 27 años, que ya recibió nueve propuestas del país y del exterior, dijo que si el Estado le brindara ayuda, ella no se sometería a una inseminación artificial pero dada su precaria situación económica, a causa de la cual perdió la tenencia de sus hijos, no le quedan muchas alternativas.

Pero la prueba de la ausencia estatal se revela no sólo a través de la falta de ayuda social que la madre reclama, sino también en el vacío legal en torno al alquiler de vientres, una práctica que en Argentina no está legislada. 

Según los expertos, en la Argentina un contrato de alquiler de vientre sería nulo ya que entregar una criatura es ilegal, pero en lo concreto no hay ni ley que lo prohíba ni ley que lo ampare. Y en voz baja confirman que la práctica se realizan.

Hace unos años, el Proyecto de Código Civil y Comercial de la República Argentina, establecía que "la maternidad del nacido corresponde a la mujer que lo ha gestado, aun cuando se demuestre que le fue implantado un óvulo fecundado de otra mujer, sea esta practica lícita o ilícita". Justamente, los autores del proyecto, aclararon que su razón de ser era desalentar los contratos de alquiler de vientre, prohibidos en la mayoría de las legislaciones que han tratado el tema específicamente.

La falta se seguridad jurídica obliga, muchas veces, a las parejas dispuestas a efectuar un pago por un vientre a realizar un contrato en el exterior y también a que el niño nazca fuera de la Argentina para garantizar la renuncia de la madre subrogante a la patria potestad.

Los proyectos cajoneados en el Congreso

“Actualmente hay varios proyectos legislativos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación, pero ninguno fue tratado aún", contó en diálogo con Rosario3.com, Claudio Chillik, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Afirmó que ninguna de las iniciativas conocidas autoriza lo que en medicina se denomina “útero subrogado”.

“Algunos proyectos no lo mencionan y otros, como el nuestro, son más contundentes en ese aspecto y apuntan a la prohibición del contrato de útero subrogado”, aclara Chillik, quien enumera las razones que fundamentan su posición.

“Hay varios factores que nos determinan en ese sentido, pero los predominantes son los riesgos que un embarazo implica, el factor psicológico que sin dudas influye en la mujer que se somete a esa situación (desde el punto de vista legal, madre es la que da a luz, y sólo puede entregarlo a otra persona a través de un trámite de adopción) y además, no se puede admitir un contrato de este tipo por una cuestión meramente comercial”, puntualizó.

También hay proyectos redactados por algunos diputados y elaborados por algunas organizaciones relacionadas con la temática como Concebir, un grupo de apoyo para parejas con trastornos en la reproducción

Un caso emblemático

Uno de los episodios más resonantes de alquiler de vientre fue el de "Baby M", en Estados Unidos, en 1985. El matrimonio Stern contrató a Mary Whithead para la gestación de un bebé, por inseminación artificial con semen del señor Stern. En el contrato la madre portadora se obligaba a no entablar una relación materno-filial con el bebé y a abortar si los test mostraban sin dudas anomalías en el feto.

El 27 de marzo de 1986 nació "Baby M", pero Mary, la madre portadora, dueña del óvulo, se negó a entregarla y su esposo la reconoció como hija suya. Mary aducía no poder desprenderse de la criatura. Un juez de New Jersey dio la nena a los Stern y determinó que el contrato era válido y debía cumplirse.

El tribunal de apelaciones revocó esa decisión, pero le dejó la nena a los Stern alegando que le podían dar un hogar con mejores condiciones socioeconómicas. Luego de 10 años, la Corte estadounidense finalmente reconoció a Mary como mamá biológica con derecho de visita.

 
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