A diez meses de que la Cámara Federal de San Martín lo ordenara, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, todavía no concretó la devolución de los 302.981 dólares y 3.962.765 pesos que la Justicia había secuestrado a mediados de 2019 a integrantes de la Cooperativa de Trabajo Portuarios San Lorenzo en el marco de la detención del titular de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, Herme Júarez, por asociación ilícita y administración fraudulenta.
En agosto del año pasado, el tribunal de segunda instancia bonaerense confirmó dos medidas muy importantes para la causa. Una es que dejó firme el traslado a Rosario de la causa, que había recaído en el juzgado número 4 de Bailaque, y la otra es que confirmó la falta de mérito (que el propio juez de primera instancia tomó a los pocos de los operativos) para las autoridades de la cooperativa sanlorencia, quienes desde un primer momento habían manifestado su absoluta falta de vinculación operativa con la cooperativa de Júarez, que era la que estaba bajo investigación.
Con esa falta de mérito, se cayeron las cautelares que habían dispuesto el congelamiento de fondos, de cuentas bancarias y hasta del uso de vehículos. No obstante, a casi un año de esa sentencia firme, los dueños de esos millones todavía no pudieron disponer de su dinero. Semejante demora alentó airadas las quejas de los afectados por "infeficiencia" en la operatoria del juzgado rosarino.
¿Qué es lo que ocurrió? La primera demora, según arumentan en el juzgado, fue porque Bailaque no tenía firma registrada en Buenos Aires para ordenarle a la sucursal del Banco Nación de Campana, adonde estaba depositado el dinero, que le haga la transferencia a sus cuentas para desde allí devolverlos a sus dueños. Fue por eso que el magistrado rosarino le ordenó a esa sucursal que se lo transfiera a la sucursal de Rosario, desde donde el juzgado sí podía retirarlo para devolverlo a sus dueños.
Pero ese trámite recién se arrancó en marzo, casi 6 meses después de que la Cámara lo había dispuesto. Pero al llegar el dinero a la sucursal de Rosario el monto era considerablemente menor. En efecto, sólo llegaron 1.100 dólares y 5.000 pesos. ¿Y el resto?
Ante la consulta del juzgado rosarino, la gerenta del banco en Campana, Claudia Viotto, respondió que había sido depositada, por pedido del juez de Campana Adrián Gonzalez Chavay que había tomado orignalmente el caso, en un plazo fijo en dólares y en otro plazo fijo en pesos para que no pierdan valor. Ambos plazos fijos tienen renovación automática mensual hasta este mes.
Constituir los plazos fijos es una práctica usual de los jueces con el dinero de las causas judiciales para que no pierda poder adquisitivo por la inflación. Para el banco, se trata de un buen negocio tener ese fondeo, sobre todo si como ocurre en este caso hace casi un año que a ese dinero lo tendrían que haber retirado sus dueños.
Finalmente, la Justicia Federal de Rosario sigue sin restituir a sus dueños su dinero, pese a que eso fue ordenado hace 10 meses cuando se le confirmó el dictado de falta de merito a las autoridades de la cooperativa sanlorencina.
