Diputados nacionales kirchneristas confían en que el Congreso aprobará en los próximos días la nueva ley de biocombustibles que ellos impulsan en reemplazo del actual esquema, que vence el 12 de mayo, que mantiene la regulación estatal para protección de las industrias pymes y también baja muy fuerte el corte obligatorio de los bios en el combustible para quitarle presión al precio final en los surtidores. Precisamente, el proyecto -que tiene visto bueno del gobierno nacional- generó un fuerte rechazo de los grandes traders cerealistas multinacionales, a los que dejan afuera del negocio del mercado interno, y cuyas entidades representativas se volvieron a manifestar este viernes en favor del prórroga de la actual ley advirtiendo que avanzar en el proyecto K "cerrarían muchas plantas".
Los diputados nacionales Marcos Cleri y Germán Martínez mantuvieron este viernes un diálogo con periodistas, entre los que estuvo Rosario3, para explicar los detalles de la iniciativa. "El proyecto ya tiene un consenso legislativo importante como para ser aprobado para el 12 de mayo. Incluso, hasta hay diputados de Junto por el Cambio que apoyan el proyecto y confíamos en tener un número importantes de voluntades como para que el tratamiento no se demore y poder conseguir rápido la media sanción", señaló Cleri.
Formalmente, la semana que viene arranca el tratamiento conjunto en las comisiones de Energía y Presupuesto de Diputados. "Además, ya lo venímos conversando con senadores para incorporar sus opiniones", agregó. A su lado, Martínez también le bajó la presión a la fecha del 12 de mayo. "Se generó una tensión innecesaria. No es que al otro día se cae todo. Con que el proyecto ya esté presentado y avanzando a paso firme camino a su pronta aprobación ya es una señal suficiente para el sector privado", resaltó el diputado.
Para Cleri, el proyecto que impulsan es superador al actual esquema y estimó que como regirá por 10 años, con opción a 5 más, generará un marco de seguridad jurídica para las inversiones que deben realizar las empresas del sector. "¿Por qué no queremos una prórroga como impulsan los grandes exportadores de granos? Porque entendemos que no es necesaria ya que ya tenemos un esquema superador presentado y también porque tememos que lo que se busque es extender una normativa que necesita urgentes mejoras", señaló.
Al ser consultado sobre las razones que había llevado al mismo kirchnerismo, a través de la senadora María de los Ángeles Sacnun, a impulsar en la Cámara alta la media sanción por unanimidad de la prórroga del régimen que ahora tanto critican, Martínez señaló que cuando se impulsó esa extensión todavía no estaba el "proyecto superador" redactado y se pensaba que se necesitaba más tiempo. "Ocurre que a fin del año parlamentario se entra en una dinámica de aprobación de proyectos que se sacan rápido sabiendo que hay instancias de debate posterior en la otra Cámara. No hubo mala intención de nadie de los que hayan impulsado la prórroga. Pero hoy está más clara la situación", dijo el diputado.
La letra chica
Sobre las características centrales del proyecto de ley, se mantiene el esquema de cupos y precios regulados por el Estado del biodiesel que las petroleras deben comprar para el corte obligatorio, volumen que sólo el podrán comprar a las empresas no integradas, como se les dice en la jerga a las grandes industrias de aceite que tiene planta de bio.
Que ese esquema de regulación se extienda por 10 años, con opción a 5 más como dice el proyecto, es uno de los puntos que resisten los traders y que genera el apoyo de la Cámara Santafesina de Energía Renovables (Casfer), que reúne las principales industrias del biodiesel medianas, que son las que no están integradas a las grandes aceiteras.
El articulado del proyecto además avanza en un tema muy delicado: la prima que cobran las aceiteras a las pymes por sobre el precio internacional del aceite. "¿En base a qué se cobra esa prima? No lo pueden explicar. Y si luego nos preguntamos las razones del aumento del combustible en los surtidores hay que empezar a ver lo que ocurre desde el inicio de las cadena y ahí aparece esa misteriosa prima que cobran las aceiteras lo único que hace es engrosar sus ganancias al encarecer el costo del biodiesel y además le termina sumando presión al precio que se le vende a las petroleras y luego al consumidor. Ahora, con este proyecto, la Secretaría de Energía queda facultada para intervenir y regular sobre esa prima", señaló Cleri en diálogo con la prensa.
Otro punto que genera el apoyo de las pymes es que se prohibe a las petroleras incursionar en el negocio bio, como muchas de ellas (con Axion a la cabeza) venían reclamando aprovechando el vencimiento del sistema. También se mantiene a los bio fuera del impuesto a los combustibles. En esa línea, también hay un guiño a empresas pymes alejadas de la zona del Gran Rosario, y a los diputados del provincias mediterráneas con plantas de biodiesel, es que se abrió el juego para analizar en las comisiones fórmulas que les permitan a empresas regionales, que aseguren calidad del abastecimiento, competir en costos con las que están cercas de las aceiteras.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que para bajar el impacto del bio en el consumidor final se reduje el corte obligatorio al 5% para el biodiesel, que hoy está en el 10% y es un punto criticado (en este caso no sólo por los grandes traders sino también por algunas entidades pymes no santafesinas). Pero para los diputados K el proyecto viene a blanquear una situación ya existente. "Hace años que el corte obligatorio no se cumple. Incluso, hubo momentos que fue del 0%. No tiene sentido hablar de corte cuando no hay precio", dijo Cleri. "Además, lo que se hace es poner un mínimo del 5% y habilitarle a la Secretaría a subir si las condiciones lo ameritan. O bajarla al 3% también si la Secretaría lo considera conveniente", explicó. El proyecto estima que por encima del corte mínimo exigido, las petroleras podrán comprar libremente biodiesel.
¿Hay apoyo empresario?
Según los cálculos que hace Cleri, sólo las 8 grandes multinacionales del biodeisel están en contra. "Es un grupo que hace mucho ruido desde su cámara Carbio, pero también desde las Bolsas y los foros empresarios de la región centro, que también impulsa las Bolsas", señaló y destacó, que por el contrario, el resto del entramado empresario los apoya.
"Hay sectores que nos apoyan al 100% y otras entidades importantes como ACA, que nos apoya al 80%· graficó. "Los que piden la prórroga de la actual ley para evitar los cambios son las empresas, y las cámaras, que quieren liberar el mercado eliminando cupos y regulación de precios para darle el negocio a las multinacionales en contra de las economías regionales y la industria nacional", resaltó el diputado santafesino kirchnerista. En esa línea, para Martínez "lo que queda claro es que ese sector no se puede arrogar más la defensa de las pymes y las economías regionales".
Las grandes en alerta
Precisamente, el viernes Carbio, la cámara que reúne a los principales empresas multinacionales, junto con la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (Ciara) y las Bolsas de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otras entidades del sector, salieron con los tapones de punta contra el proyecto.
"Su eventual sanción pone en riesgo de desaparición a muchas empresas que invirtieron cientos de millones de dólares y que aportan empleo y beneficios ambientales, sociales y económicos en todo el país. Lamentablemente, los autores del proyecto solo consultaron a unas pocas entidades y/o empresas productoras de biocombustibles para realizarlo. Consideramos que el proyecto presentado va a contramano con las tendencias ambientales mundiales, reduciendo drásticamente el uso de biocombustibles y cerrando toda posibilidad de crecimiento de la actividad", alertaron las entidades.
"De aprobarse este proyecto de ley, la industria bioenergética iniciará un camino de decadencia, en vez de transformarse en un vector de desarrollo económico, ambiental, social y regional como fue hasta ahora. El sector de los biocombustibles considera que con el proyecto presentado se desperdicia todo el valor agregado, las inversiones realizadas y la productividad que ofrece el campo y la agroindustria, privilegiando el desarrollo de la actividad de refinación de petróleo, además de retroceder en materia de mejoras medioambientales que van a favor de la salud de la población", agregan.
"Asimismo, implicará que la Argentina desaproveche una capacidad instalada ya existente. Cualquier eventual reducción de las mezclas atenta contra le legislación vigente, principalmente en cuanto al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado por la Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la Ley N° 27.270, incluido en la Ley Nacional Ambiental N°25.675 de 2002. La industria espera que haya una prórroga de la ley actual, tal cual fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, y que durante el transcurso de la misma se pueda tener oportunidad de debatir seriamente el futuro de los biocombustibles, evitando así que se imponga un proyecto improvisado que perjudica a toda la cadena de valor de la soja y del maíz", concluyeron las Bolsas y las aceiteras.
