Diputados kirchneristas apuestan a lograr que esta semana la Cámara Baja le dé media sanción a la nueva ley de biocombustibles, que garantiza a las industrias pymes mantener el negocio de abastecer a las petroleras pero baja fuerte el corte obligatorio en las naftas y el gaosil.
El proyecto, que tiene como figura principal al diputado Marcos Cleri, ya pasó el filtro de las comisiones, pero corre contra reloj. Es que la ley de biocombustible venció en mayo y fue prorrogada hasta el 12 de julio.
Con todo, desde el kirchnerismo sostienen que está avanzado el diálogo con los senadores por lo que si se aprueba esta semana en Diputados, les alcanza el margen de dos semanas para que la Cámara alta lo convierta definitivamente en ley.
El proyecto K goza del visto bueno de las petroleras porque reduce el volumen de biodiesel que deben adquirir y también es respaldado por el gobierno nacional porque le quita presión al precio de los combustibles en los surtidores. Por el contrario, tiene en la vereda de enfrente a las grandes agroindustrias internacionales, que son la que tienen las llaves de los dólares (vía exportaciones de soja) que tanto demanda la economía nacional.
Alerta por falta de precio
Mientras tanto, las dos principales cámaras empresarias que reúnen a las industrias pymes de biocombustibles (y que apoyan el proyecto oficial) también tiene un frente abierto contra el gobierno y por eso emitieron un comunicad. por la "denuncian que el gobierno nacional, una
vez más, ha decidido de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria, no determinar ni
publicar el precio de venta de este biocombustible ni exigir el cumplimiento de los
porcentajes legales de corte obligatorio de biodiesel con gasoil, en abierta violación a
lo dispuesto por la ley 26.093".
Para las cámaras, Cepreb y Casfer "esta situación ha generado la paralización de la industria pyme de biodiesel, acrecentándo y agravando aún más la crisis económica y financiera del sector, colocándolo en un estado terminal".
Según sostienen, "la inexistencia de alternativas concretas que permitan al sector volver a operar de manera sostenible y sustentable, genera una enorme contradicción y ambigüedad
entre lo que el gobierno nacional sostiene y las acciones que efectivamente realiza (u
omite) para lograr así el desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la
matriz energética, la sustitución de importaciones, el agregado de valor en origen y la
preservación de la salud y el ambiente".
Finalmente, las cámaras exigieron "la inmediata determinación y publicación del precio de venta del mismo y la efectiva fiscalización del debido cumplimiento del corte obligatorio por parte de las empresas mezcladoras".
