El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó este sábado que extendió hasta el jueves 31 de marzo el plazo para que la Argentina pague los vencimientos de intereses y capital del próximo lunes 21 y martes 22, por un monto total de USD 2.014 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), y destacó el apoyo político y social expresado en el aval del Congreso nacional al entendimiento con el organismo.
En el comunicado del FMI difundido, el vocero Gerry Rice indicó que "las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$ 2.014 millones".
"La decisión del Gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente la Argentina no incurrirá en atrasos", remarcó.
Argentina debía afrontar el lunes un pago en concepto de intereses y el martes otro por vencimiento de capital del plan anterior acordado por el gobierno de Mauricio Macri.
A su vez, Rice explicó que "para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para analizar la solicitud de la Argentina de un programa respaldado por el Fondo".
Además Rice expresó su "beneplácito respecto de la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional Argentino del acuerdo alcanzado con el staff del FMI a ser respaldado por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF)".
En ese sentido, desde el FMI subrayaron que el organismo "otorga un gran valor al amplio apoyo social al éxito del Programa y la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomenten un crecimiento más sostenible e inclusivo".
En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó en su cuenta de Twitter que "por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%", destacando que "también acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil".
Respecto a la reunión del directorio del FMI, que pasa ahora al 25 de marzo, Guzmán publicó: "Esperamos el apoyo multilateral. Traerá más estabilidad para Argentina, América Latina y el mundo".
El nuevo acuerdo
El 25 de marzo el directorio del FMI tratará el entendimiento, por primera vez en la historia avalado por el Congreso Nacional, que prevé un programa de dos años y medio de duración, con metas fiscales, monetarias y de inflación, y que permitirá repagar los desembolsos del crédito por US$ 45.000 millones hasta 2034.
Si el directorio aprueba el entendimiento -algo que los analistas en Washington le asignan una alta probabilidad de que ocurra-, se activará el programa que comenzará con desembolsos por US$ 9.800 millones, necesarios para hacer frente a los vencimientos de esta semana con el FMI y para la recuperación de las reservas.
Asimismo, dará lugar a una serie de 10 revisiones trimestrales, con misiones y reuniones públicas y virtuales, necesarias para activar los desembolsos subsiguientes, hasta completar los US$ 45.000 millones en el lapso de dos años y medio.
En este sentido, se destaca que el dinero ingresado durante el primer año permitirá un financiamiento neto del FMI equivalente al 0,7% del PIB, que favorecerá a la acumulación de reservas del BCRA.
A esto se sumaría un financiamiento adicional de US$ 2.600 millones de otros organismos multilaterales, para ayudar a cerrar el bache fiscal de este año, informó Télam.
Entre las pautas del convenio, un punto fuerte es que prevé una suba en el gasto social y para infraestructura, al tiempo que no contempla la implementación de reformas en el plano laboral y previsional, lo que le quita el estigma de "ajuste" que tradicionalmente llevaron los acuerdos firmados por la Argentina con el FMI en el pasado.
En este sentido habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente al 2% del PIB.
