Si el objetivo político de ala más dura del gobierno era correr de negocios estratégicos con el Estado al empresario Gabriel Romero (quien en el marco de la causa de “los cuadernos” confesó en la Justicia haber coimeado con 600 mil dólares a Cristina Fernández para que le extienda el plazo de concesión de la hidrovía), no lo están logrando. Ni cerca.
Pese a que el gobierno nacional se hizo cargo de la administración de la hidrovía, Emepa, la empresa de Romero, sigue a cargo de balizamiento de la vía navegable, ahora ya no como concesionaria sino como contratista por 90 días. Y corre primera en la próxima licitación para la prestación del servicio por los próximos 180 días. Eso sí, al menos desde el gobierno nacional se cuidan de que los ejecutivos de Emepa no salgan en las fotos oficiales de los eventos y que el nombre de la empresa no aparezca en los partes oficiales. Como si buscarían que no se note y pase desapercibida.
Cuando el pasado sábado 11 de septiembre terminó la concesión del acondicionamiento del sistema troncal de navegación a Hidrovía SA (formada por la belga Jan de Nul y Emepa) y empezó a regir la administración estatal por 12 meses a la Administración General de Puertos (AGP), el gobierno nacional informó que contrataba de manera directa a Jan de Nul para que por un plazo de urgencia de 90 días siga haciendo el dragado mientras que preparaba una licitación por 180 días o hasta el final de la concesión a AGP.
¿Y el balizamiento? ¿Y Emepa? Nada se dijo oficialmente en aquella oportunidad. Es más, sus ejecutivos ni siquiera aparecieron en la foto oficial, a diferencia de las autoridades de Jan de Nul. Pero, sin tanta prensa, con Emepa ocurrió lo mismo que con Jan de Nul: siguen prestando el servicio “de emergencia” como contratista (vía una adjudicación directa) hasta que se haga una licitación por 180 días. Y además está muy cerca de ganar esa licitación, pronta a lanzarse. Pero ese, claramente, no era el plan oficial del ala más K del gobierno nacional.
¿Tiro por la culata?
Es que a diferencia del caso de Jan de Nul, con Emepa el gobierno buscó un reemplazante para contratar directo el servicio de dragado mientras prepara la licitación. Pero la gestión no tuvo éxito.
Según los considerandos del decreto de contratación directa a Emepa, se consultó “la posibilidad de ampliar el contrato con Hydra Argentina, Pentamar y Sade Electromecánica, adjudicataria del servicio de balizamiento” de los ingresos al puerto de Buenos Aires “con el objetivo de evaluar la posibilidad de cubrir el balizamiento de la vía navegable troncal”.
No obstante, se “concluyó que si bien la propuesta recibida por las tres empresas no posee observaciones de índole técnica para formular, la misma no incluye la incorporación de la totalidad del personal empleado en el convenio” no cumpliendo así con el artículo 3 del convenio de concesión que el Ministerio de Transporte de la Nación le hizo a la AGP para la administración de la hidrovía.
Es que a Hydra, Pentamar y Sade no les cierra tener que incorporar todo el personal que deja Emepa, y por eso la ex concesionaria se quedó con un negocio que le permitirá facturar unos 6 millones de dólares por 90 días, según se desprende de los presupuestos estimados que se expusieron en los considerandos del contrato.
El caso es que la ventaja de Emepa no es sólo en la contratación directa. Es que la cláusula de mantener todo el personal bajo convenio sigue vigente para la concesión por 180 días; y es –precisamente- por eso que la empresa del delator de Cristina sigue en carrera, pese a los intentos del ala más K de sacarla. El compromiso con el gremio y los trabajadores se convirtió así en una barrera que abortó la salida de Emepa.
Ahora, una de las alternativas que el gobierno explora es ver, si a diferencia de lo ocurrido con la contratación directa, en la licitación por 180 días conviene dividir la prestación del servicio en dos zonas asegurándose así el ingreso de un nuevo operador.
Pero hay ora barrera que impide que el kirchnerismo más duro corra a Emepa es otra cuestión ya no de costo laboral sino técnica: no hay empresa argentina que tenga la infraestructura de Emepa para prestar el servicio. Por caso, las tres balizadoras del puerto de Buenos Aires llegan a tener algo más del 10% de los equipos de “ayuda a la navegación” (leasé balizas) que tiene Emepa.
En definitiva, la decisión política chocó con la economía. Y tras resistir el primer envión en su contra, ocurre que ahora también soplan nuevos vientos políticos.
¿Nuevos Tiempos políticos.
Si bien Romero tuvo un espectacular crecimiento durante el menemismo, sus lazos fundacionales están con el radicalismo. No en vano, el CEO de Emepa, Rodolfo Poblete, tiene una vasta trayectoria de militancia juvenil en tiempos de la ochentosa primavera alfonsinista.
Grupos de radicales que –vueltas de la política- durante este gobierno también estuvieron merodeando, algunos incluso como asesores, en el Ministerio de Transporte de la Nación cuando la cartera la conducía el fallecido Mario Meoni.
El tema es que en las Paso el gobierno nacional sufrió un duro revés electoral que le compromete margen de acción. Comicios que, como si fuera poco, también le subieron las acciones a los radicales dentro del bloque de Juntos por el Cambio. Resultados que, de confirmarse en las elecciones generales, también terminarán tallando en el futuro de Emepa.
No en vano, los altos ejecutivos de la empresa que venían muy a la defensiva ahora se muestran más confiados en que la jugada ultra K por correrlos no se cumplirá. Sobre todo cuando otras de las empresas del grupo empezaron a ganar importantes licitaciones para obras ferroviarias que está licitando el gobierno nacional; eso sí contratos cuyos adjudicatarios no se difunden en los partes de prensa oficiales.
Viendo, entonces que Emepa está tan fuerte como en el pasado, referentes sector agroindustrial y los puertos se lamentan de todos los embrollos que le generó (y todavía genera) a la hidrovía la embestida política contra la empresa de Romero.
