El juez civil y comercial Ezequiel Zabale suspendió esta semana la medida cautelar con la que había habilitado a la defaulteada financiera Guardati Torti a volver a operar en la Bolsa.
La resolución la tomó luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) apelara la resolución del magistrado y ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver si le permite o no volver al mercado de valores a la agrofinanciera que supo ser top ten y hoy, además de estar en convocatoria, enfrenta imputaciones penales por fraude.
La empresa había solicitado a principios de junio a Zabale, que es el juez que lleva el concurso, una medida cautelar que le levante la suspensión provisoria que le dictó la CNV ante las denuncias penales de clientes de GYT que denunciaron que la operadora se quedo con los saldos líquidos de sus cuentas comitentes.
La agencia -que tiene una deuda impaga de $200M y u$s1.7M- justificó el pedido asegurando que debe volver a operar para generar el giro comercial necesario para afrontar sus deudas. También había deslizado piensa operar sin costo para sus clientes como forma de ir devolviendo el dinero.
Al enterarse del pedido, la CNV se opuso de manera terminante y consideró "inadmisible" su vuelta al mercado. No obstante, Zabale le otorgó la cautelar en julio argumentando que su vuelta al mercado no genera un riesgo para el sistema ni tampoco para ahorristas e inversores bursátiles. También se apoyó en la postura de la Sindicatura del concurso que se pronunció a favor. A los ahorristas que denunciaron a la GYT no les cayó nada bien que el juez en ningún momento hiciera mención alguna a que todo el directorio está imputado por administración fraudulenta y adulterar balances.
Fuera de juego por concursada
Con la cautelar a favor, la CNV apeló la semana pasada con un escrito de 27 páginas que lleva la firma de Rodolfo Aulmann, María Evelina Cid y Gonzalo Soroeta, abogados de la CNV. El punto central es que la suspensión de la habilitación "deviene en abstracto" porque la ley del mercado de capitales "establece una prohibición de carácter absoluta e ineludible que imposibilita el objeto que se persigue con la cautelar". ¿De qué se trata? "No pueden ser autorizadas como agentes las empresas concursadas hasta 5 años después de su rehabilitación", resaltan los abogados del ente de control.
"En este escenario, aun cuando se suspendan los efectos de la medida preventiva adoptada por la CNV, la Ley N° 26.831 prohíbe -en términos absolutos e ineludibles- que Guardati Torti S.A. continúe operando en el mercado de capitales habida cuenta de encontrarse atravesando un proceso concursal, suspensión que será efectiva hasta cinco años después de su rehabilitación", resaltan en la apelación.
"En virtud de ello, es que, atento el carácter de autoridad de aplicación del mercado de capitales de la CNV, venimos a poner en su conocimiento que la medida cautelar innovativa por V.S. concedida, que tuvo por objeto dejar sin efecto la suspensión preventiva impuesta por nuestra mandante a Guardati Torti S.A., con fundamento en el principio de “continuidad de la empresa y la explotación comercial”, así como también avalar la puesta en marcha del plan de negocios diseñado por la concursada, resulta inoficiosa y de cumplimiento imposible a los fines allí planteados en virtud de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley N° 26.831 de regulación del mercado de capitales", enfatizó la CNV.
"Graves irregularidades"
Durante la presentación, la CNV también dedicó un capítulo para manifestar "irregularidades en el trámite cautelar". Según sostienen, "llama poderosamente la atención que el juez de grado no haya dado inmediata intervención a la CNV en un procedimiento cautelar en el que se perseguía suspender los efectos de una medida dispuesta en carácter de autoridad de aplicación y contralor del mercado de capitales, dictada en pleno uso de facultades que le son propias, atribuidas por una ley federal como lo es la Ley N° 26.831, resultando aún más llamativo que recién lo hubiera hecho luego de dos solicitudes en tal sentido cursadas por los apoderados de un grupo de acreedores".
En efecto, el organismo de control dice que fue alertado de la cautelar por los oficios de los abogados Guillermo Mionnet y Jaime Pujol, que representan a 80 acreedores que demandaron por estafa a GYT. "En otras palabras, de no haber sido por tal intervención, nuestra mandante no hubiera tomado conocimiento que un agente preventivamente suspendido peticionó una medida cautelar que tenía por objeto suspender los efectos de la medida oportunamente dispuesta, en el marco de una situación de extrema gravedad, en la que se encontraba -y se encuentra- comprometido seriamente el interés público materializado en el correcto funcionamiento del mercado de capitales y la protección de los ahorristas", se quejaron los abogados de la CNV.
"Vemos graves irregularidades en el procedimiento cautelar que diera lugar a la resolución en crisis, en virtud de la cual se dispuso una ilegítima e improcedente suspensión cautelar de los efectos de un acto administrativo emanado por la Comisión Nacional de Valores. En función de lo aquí expuesto, causa gravamen irreparable que el juez de grado haya concedido una medida cautelar que paraliza y bloquea el accionar de nuestra mandante, en su carácter de organismo de contralor y fiscalización del régime. de oferta pública, dictada en el marco de un procedimiento manifiestamente irregular", insiste CNV.
El organismo de control también le dedica un extenso capítulo a argumentar que el Zabale, como juez provincial, no tiene atribuciones para decidir sobre una cuestión de carácter federal, como lo que ocurre en el mercado de valores, que se rige por una ley nacional.
"Adviértase que el juez del proceso concursal, en un claro e ilegítimo exceso en el ejercicio de sus funciones, con su resolución se inmiscuye en el ámbito de competencias que son propias de nuestra representada. Es indudable que la suspensión preventiva impuesta por este Organismo hace al poder de policía conferido por una Ley Federal, en procura del interés público tutelado por nuestro mandante. Así, no se entiende cómo puede sostener válidamente el a quo que -no obstante lo decidido- se asegura “el seguimiento que puedan hacer los órganos previstos por la ley”, cuando precisamente la CNV se ha visto desplazada y sustituida en su competencia", señalan los abogados del organismo federal.
"La resolución cautelar dictada por el juez de grado, bajo el argumento de una necesidad comercial particular (que no se corresponde con la actividad bajo análisis), consagra una verdadera situación de gravedad institucional, puesto que se estaría afectando de forma directa e inmediata el interés público, materializado en el correcto funcionamiento del mercado, su transparencia y la protección al ahorrista. Máxime, cuando se trata de una sociedad de objeto múltiple, que desarrolla distintas actividades que comprenden diversos rubros (agrícola, mercado de capitales, etc.), que se ha sometido de forma voluntaria a un régimen legal de cumplimiento insoslayable, cuya inobservancia derivó en una suspensión preventiva, en un sumario administrativo y actualmente se encuentra siendo investigada en el ámbito de la justicia criminal por defraudación", sostiene la CNV.
"Recordemos que la suspensión preventiva tuvo por objeto garantizar de forma inmediata la protección del inversor público y que se basó, fundamentalmente, en el grave incumplimiento por parte de Guardati Torti S.A. del deber fiduciario para con sus clientes. Circunstancia de suma criticidad que no puede ser soslayada", sostiene el órgano de control. Y precisamente, uno de las cuestiones que más llamaron la atención de la cautelar otorgada por Zabale es, como se dijo antes, que no hizo mención a que todo el directorio está imputado por delitos penales y además hay 80 clientes que lo denunciaron por fraude.
"Propuesta inviable"
Al pedir volver a operar, GYT puso sobre la mesa una propuesta de un "nuevo método de trabajo" para convencer al juez. En síntesis, propone que, vía la Justicia, la CNV la habilite a ser un Agente de Negociación (AN) que sólo opere el dinero de sus clientes siendo una tercera empresa (Rosario Valores, propiedad del Mercado Argentino de Valores y la Bolsa de Comercio de Rosario) la que cobre y pague. En definitiva, ellos no tocarían la plata quedando todo lo referente a la liquidación y compensación en Rosario Valores. Antes, GYT tenía una categoría mayor a AN, llamada en la jerga Alyc, que le permitía a ellos hacer todas las tareas (operar, cobrar y pagar) que ahora pretende desdoblar.
"Se recuerda que el alcance de la suspensión preventiva, conforme surge del texto de la resolución que dispone su dictado, alcanza a la totalidad de las categorías de inscripción en las cuales se encuentra registrada la sociedad GUARDATI TORTI S.A", rechazó la CNV.
"Por otro lado, se destaca que las funciones definidas en el mar co de actuación de los Agentes de Negociación (AN) se encuentran subsumidas en las establecidas para la categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio (ALYC P). Puntualmente, la inscripción y posterior suspensión preventiva del Agente, se debe interpretar en sentido amplio y abarcativo de la totalidad de las funciones factibles de ser desarrolladas por un Agente inscripto en la categoría de ALYC. Atento lo expuesto, no resultaría correcto interpretar que el Agente se encuentra solamente suspendido para desarrollar las funciones establecidas
específicamente para la categoría de ALYC P, sino que la suspensión lo inhabilita a desarrollar cualquier actividad definida dentro de las funciones establecidas en el marco de su inscripción, circunstancia que incluye cualquier actividad prevista para los AN´s", dice.
"Adicionalmente, es importante destacar que una mera y simple declaración de actividades a desarrollar -conforme sería la propuesta del Agente no resulta suficiente para establecer las limitaciones en su actuación; por el contrario, cualquier cambio de categoría de inscripción debe ser previa y debidamente tramitado y autorizado de forma expresa por este Organismo. En función de ello, y atento la prohibición legal automática consagrada por el artículo 48 de la Ley N° 26.831, toda propuesta de operatoria a desarrollar, resulta a todo evento improcedente", concluye la CNV.
La plata de los ahorristas
Finalmente, el organismo regulador de los mercados se pronuncia sobre un tema clave del frente penal. Mientras que los clientes denuncian que la empresa les quitó los saldos de sus cuentas de inversión en el mercado de capitales (presuntamente para intentar tapar los agujeros financieros de sus operaciones en el mercado de granos que se le dispararon con el default de Vicentín pero que ya arrastraban años de descalce), GYT asegura que tenía disponibilidad de esos fondos.
"Es importante hacer una aclaración adicional respecto del carácter de “acreedores” que, finalmente, terminan asumiendo los comitentes bursátiles como resultado del proceso concursal del Agente GUARDATI TORTI S.A. En virtu. de lo expuesto, se destaca el rol de INTERMEDIARIO que asume el Agente, así como el deber de FIDUCIA que debe desarrollar. En este escenario, los saldos acreedores reclamados por los comitentes bursátiles no tienen origen o fundamento en una relación comercial habitual y propia de la relación proveedor/cliente, sino que se fundamentan en la relación contractual de “mandato” y/o “intermediación” -propia de los intermediarios financieros-, pero cuyo origen se basa en la confianza de los comitentes/clientes y el deber de fiducia de quien administra y resguarda activos de terceros, los cuales no forman parte del patrimonio del intermediario. En suma, se destaca que el marco contractual descripto no implica que los comitentes bursátiles otorguen crédito a los Agentes en virtud de la relación de servicios, sino que se trata de una situación sobreviniente al cuestionado accionar del Agente en el marco de su rol de Agente registrado ante la CNV y otras actividades económicas", completó CNV.
