El Concejo Municipal de Rosario aprobó la iniciativa del concejal socialista Orlando Debiasi para que el Ejecutivo Municipal informe respecto de “la factibilidad de que el Banco Municipal de Rosario implemente la operatoria de garantías en los contratos de alquiler, para aquellas personas que no cuenten con las mismas”. Además, se pide que analice la factibilidad de “incrementar la Tasa Municipal en un parámetro que no sea menor al 50 % de su monto total, a aquellas viviendas que se encuentren ociosas y/o aquellas que durante seis meses no presenten prestación de servicios y se encuentren sin ocupantes”, así como “la factibilidad de otorgar una compensación en la Tasa a los propietarios de las viviendas que se encuentran en alquiler permanente”.

De acuerdo a un informe de prensa enviado por el concejal, desde hace meses impulsa ésta medida, “cuyo foco se centra en lograr desde el estado un incentivo para que los propietarios de viviendas en estado ocioso no especulen con la misma y para tornar más accesibles las condiciones para los inquilinos de la ciudad”.

Debiasi destacó que, según la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la Universidad Nacional de Rosario, en el año 2001 alquilar un departamento en el microcentro costaba $ 200 pero que hoy, el mismo departamento, cuesta $ 600 o más.

Para el concejal, “son mayores las dificultades que se presentan para acceder a una vivienda, una situación que sólo podría subsanarse mediante la instrumentación de medidas concretas por parte de los distintos estamentos del Estado”.

Debiasi aseguró que es consciente de las limitaciones de competencia del Municipio para resolver definitivamente la problemática, pero advirtió que “si puede incidir en corregir distorsiones en el mercado de propiedades” y de que “sería necesario flexibilizar los requisitos para poder justificar los ingresos y garantías necesarios de estas familias para el acceso a un alquiler de vivienda”.

Por último, sostiene que “a priori, lejos de resultar difícil de implementar, la medida podría redundar en un impulso de la oferta” y cita el caso del Banco Supervielle, “que brindará garantías en operaciones de alquiler; el banco cobrará 9% de comisión: 6% al inquilino y 3% al propietario”, y que por otro lado, una iniciativa en este sentido, “no restringe ni menoscaba la propiedad privada ya que el propietario tiene la misma disponibilidad de su bien; ni se modifica la base imponible; simplemente se agrava la ociosidad, en la función indelegable del Estado de propender a solucionar un importante problema social”.