La reapertura después de tres meses de bloqueo sistemático, y la detención y procesamiento de los sindicalistas a cargo de la movida, dieron cuenta de lo rotunda que fue la victoria del Grupo Razzini. Por primera vez en Santa Fe, la Justicia le puso un freno a una avanzada sindical que en base a amenazas de muerte y aprietes pretendía lograr un reencuadramiento gremial que legalmente había sido denegado. Las repercusiones del fallo cruzaron la General Paz, al punto que sirvió de puntapié para armar una agrupación empresaria de alcance nacional que asiste a compañías que sufren este tipo de extorsiones. Ya son varias las empresas rosarinas y santafesinas que la integran.

En una ocasión llegaron a una de las empresas mostrando un arma de fuego. En otra quisieron entrar con cuchillos. Le advirtieron que le provocarían un infarto a su padre, con problemas de salud. Le dijeron que tenían datos de los movimientos de sus hijos. Amenazaron de muerte a su esposo y la obligaron a tener que mudarse.  Verónica Razzini sufrió todos esos episodios porque se negaba a la exigencia del sector de Camioneros liderado por Sergio Aladio (opositor al de Hugo Moyano) a afiliar en su sindicato a 18 de los 100 trabajadores de una empresa del grupo.

Todo esto la llevó a tener que contratar adicionales de policía y patrulleros para garantizar la seguridad de su familia y empleados, mientras debía enfrentar la millonaria pérdida de tener todo parado por tres meses. El desgaste fue tal, que junto a sus dos hermanos -con quienes dirige las empresas- pensaron en liquidar todo e irse del país. Pero el fallo judicial favorable no sólo le permitió empezar a recuperar de a poco el enorme terreno perdido, sino que sirvió para comprender que el de Razzini no era un caso aislado. De hecho, antes de meterse con ellos, una firma local que recicla hierro y una distribuidora de repuestos habían sido atacadas con una brutalidad similar.

“Florencia Arietto (abogada y dirigente de Juntos por el Cambio), que sabe mucho del tema, se contactó con nosotros, nos guió, y nos puso en contacto con otras empresas del país que pasaron por lo mismo”, señaló Razzini y agregó que así fue como nació en Rosario, pero con presencia nacional, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB). “La idea es ayudar, asesorar con información y apoyar jurídicamente a empresas que pese a tener todo en regla, pasan por esta situación, porque la realidad es que el empresario suele tener miedo ante estos aprietes y termina cediendo”, resaltó en diálogo con Ecos365.

"Son muchas las empresas de Rosario y de Santa Fe que reciben amenazas de sindicatos mafiosos", dijo Razzini

“Si no tenemos un Estado que nos ayude, nosotros tenemos que estar unidos, colaborar con las víctimas, ayudarlos a que denuncien y brindar herramientas a la Justicia para que actúe. Cuantos más se animen a hacerlo, más retrocederán estos sindicatos mafiosos, que no son todos, cabe aclarar”, argumentó. En un mes y medio que tienen de funcionamiento a través de un mail (informacionmeab@gmail.com) y una cuenta de Twitter (@MEABArgentina), ya sumaron a más de 40 empresas de todo el país al grupo de trabajo, todavía informal, pero que están buscando dotar de un marco jurídico. E incluso ya tuvieron una primera intervención exitosa en Química Oeste, una pyme en la que se logró levantar el bloqueo de Moyano.

“En Rosario y a nivel provincial, son varias las compañías que se sumaron a MEAB por las amenazas recibidas, pero algunas todavía no quieren visibilizarlo precisamente por el temor a las acciones de algunos sindicatos”, dijo y añadió que uno de los rubros más afectados es el del transporte. “Los choferes viven siendo extorsionados, todos son obligados a pagar coimas en determinados lugares para poder trabajar, y la realidad es que esto lleva a que muchas empresas se vean obligadas a sacar camiones de las rutas, dar menos trabajo o directamente dejan de ser rentables y deben cerrar”, aseveró.