La AFIP realiza modificaciones en el monotributo para convertirlo en la puerta de entrada a la formalidad, en línea con el proyecto oficial para convertir planes sociales en empleo.

En la Argentina se estima que hay cerca de 3 millones de monotributistas y 5,8 millones de asalariados registrados en el sector privado. Sin embargo, sobre un total de 28,8 millones de personas relevadas, hay 13,3 millones de personas en edad de trabajar (entre la franja de 15 a 64 años). De ese total, solo 41,6% está en un empleo registrado, es decir, tiene ingresos declarados, como asalariado (8,6 millones de personas) o independiente (3,4 millones).

Casi el 32% de los desocupados permaneció en esa condición por más de un año, y el 22% afirma que nunca tuvo un empleo formal anterior. Esto marca una tendencia mayor hacia el empleo informal y un leve crecimiento en los empleos formales.

En julio creció 0,1% el empleo asalariado registrado privado, lo que implica que se incorporaron 4,7 mil personas a empresas privadas. El crecimiento del total de trabajadores formales se explica principalmente por las personas ocupadas en el régimen de monotributo, que presentó un aumento mensual de 2,3% en julio. El resto de las modalidades presentaron variaciones (positivas o negativas) moderadas.

Un informe reciente indica que las casi 4 millones de personas inscriptas en el monotributo equivalen al 64% de los puestos asalariados registrados del sector privado. Dentro del mismo, el 84% pertenece al régimen general y el 16% al monotributo social. También se desprende que las personas inscriptas en el monotributo equivalen al 22% de la población económicamente activa.

Según Ámbito, el gobierno busca incentivar el empleo formal facilitando el ingreso al monotributo por un lado, y por el otro con la ley de transformación de planes sociales en trabajo. Para eso propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

De forma complementaria, se promueve un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, a fin de que las MiPyMES puedan regularizar relaciones laborales vigentes e iniciadas con anterioridad a la ley. De esta manera, las empresas podrán rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.