Titulares de almacenes, autoservicios y comercios rosarinos pidieron una urgente reunión a las autoridades locales ante la multiplicación de depósitos de venta de alimentos y bebidas que funcionarían de forma ilegal. Advierten que están poniendo en riesgo la continuidad de cientos de negocios de barrio.

Lejos de tratarse de rebusques para subsistir, en el marco de una severa crisis económica, los comerciantes resaltaron que estas distribuidoras clandestinas cuentan con gran infraestructura, están muy bien abastecidas de productos y exhiben un respaldo financiero muy importante, cuyo origen es por lo menos dudoso.

“Un cajón de cervezas sale $1.500 y hay algunas que cuentan con mil cajones, por lo que sólo ahí tienen invertidos $1,5 millones. A eso hay que sumarle aceite, gaseosas y otros productos, con lo cual estamos hablando de negocios que tienen $5 millones sólo en mercadería”, planteó Juan Milito, titular de la Unión de Almaceneros de Rosario, respecto a un tema que había sido adelantado por Ecos365.

En diálogo con este medio, destacó que estos grandes locales aparecieron como hongos durante la pandemia sobre todo en la periferia de Rosario, incumpliendo en la mayoría de los casos con las normas vigentes. “Están violando la ley de regulación de hipermercados provincial, y la ordenanza municipal que prohíbe abrir comercios de este tipo de más de 100 metros cuadrados a menos de cuatro cuadras de otro”, planteó.

Estas distribuidoras tienen un gran poder económico. Un cajón de cervezas sale $1.500 y hay algunas que cuentan con mil cajones, por lo que sólo ahí tienen invertidos $1,5 millones"

A esto se suma que hay algunos que están habilitados sólo para vender al por mayor, pero no por menor (aunque igual lo hacen), mientras que otros directamente no entregan ticket, dejando en claro su condición ilegal. El comerciante dijo entender que en crisis tan duras como la actual, los aspectos comerciales no puedan ser controlados a rajatabla ante la imperiosa necesidad de trabajar, pero consideró que esta laxitud del Estado provincial y municipal está dañando seriamente a los que sí cumplen con la ley.

“Esto no es como en los '90 cuando por la crisis, los desocupados se pusieron kioscos y había ocho en cada barrio. Tampoco queremos hacer una guerra con aquel laburante que se pone un negocio chiquito, sino que vamos contra grandes estructuras, que cuentan con millonarias inversiones y que están destruyendo al comercio de barrio al que se dice querer proteger”, aclaró.

Muchos proveedores, que mientras al almacén le piden tener todos los papeles en regla para venderles, a estas distribuidoras ilegales evidentemente no les solicitan lo mismo"

Añadió que a ello contribuyen muchos proveedores, que mientras al almacén le piden tener todos los papeles en regla para venderles, a estas distribuidoras ilegales evidentemente no les solicitan lo mismo. “También hay que hacer un mea culpa y reconocer que hay comerciantes que recurren a estos depósitos de dudosa procedencia por los precios, provocando una suerte de canibalización del sector”, apuntó.

Ante este panorama, gestionaron una reunión con la Secretaría de Producción y con la Secretaría de Gobierno municipal, a cuyos representantes les plantearán esta problemática. Además buscan un encuentro con la Secretaría de Comercio Interior provincial. “Lo que vamos a solicitar es que se verifique si estos negocios están cumpliendo con las normas y de no ser así, que se los sancione. A partir de lo que nos digan evaluaremos cómo proseguir”, cerró.