La audiencia pública para considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) tuvo lugar este martes, en lo que constituye el primer paso para que la Secretaría de Energía disponga los esquemas tarifarios que regirán a partir de junio.

La audiencia duró tres horas y media y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.

El encuentro era presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y se desarrolló en la modalidad virtual. En ese marco, la funcionaria señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, es decir de un 20%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en el 2022.

Mientras que, para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20%, de acuerdo a las distintas zonas del país.

Videla recordó el anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de un "reajuste anual total en sus facturas", y señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio.

Además, subrayó la "convicción" del Gobierno de que "las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios". Según informó Videla, el Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.

En su presentación, previa a la apertura de la lista de expositores, Videla señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés).

De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar. En base a esos valores, "se estima que el Estado cubre el 75,6% del costo del gas natural para abastecer la demanda prioritaria", indicó Videla en su presentación.

Disconformidades

La mayoría de los expositores que participó este martes de la primera de las tres audiencias públicas para analizar propuestas de ajustes en las tarifas energéticas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.

Asimismo, los expositores solicitaron una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.

Uno de los más enfáticos oradores fue el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien cuestionó la presentación realizada en el inicio de la audiencia por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de tarifa social no tendrían un nuevo incremento después del ajuste realizado en febrero.

"Eso es una mentira presentada para algunos medios que van a bancar la parada de los aumentos", exclamó, al tiempo que consideró "falso" el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que "las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%".

Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que "no es un momento oportuno", y que su aplicación "afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público".