Aumentos de tarifas: ¿cómo impactará la quita de subsidios con el nuevo esquema?

Arrancaron las audiencias públicas para fijar incrementos en las tarifas y el esquema de segmentación según el nivel económico de cada hogar. El detalle de las subas

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Este martes tuvo inicio la primera de las tres audiencias públicas para definir aumentos de tarifas de luz y gas y segmentación de usuarios. El gobierno presentó la propuesta oficial de incrementos en el precio del gas natural que se trasladará a las facturas de los hogares a partir del 1ero de junio.

En la presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio mientras que el resto de los usuarios tendrán una suba promedio de 20%. Esto, descontando al porcentaje de la población con mayor poder adquisitivo (alrededor de un 10%) que dejarán de recibir subsidios.

Cristian Galindo, de la Red Argentina de Consumidores, dio a Ecos365 las pautas de cómo se implementaría este nuevo esquema de subas fijado por el Estado, según la realidad económica de los usuarios.

El especialista detalló que, previo a fijar los nuevos costos, se deben dar los dictámenes correspondientes en dichas audiencias. "El Gobierno ahora presentó una propuesta de aumento, la misma se trata en audiencias públicas y después de ahí se analiza todo lo que se debatió y con los informes técnicos se toma la decisión", explicó.

En este sentido, sostuvo que un 30% de la población cuenta con tarifa social y que ese porcentaje no afrontará, tal como señaló Vidal, ninguna nueva suba. Esto se debe a la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde la suba total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo una suba en marzo que llegó a ese porcentaje, esta debería ser la única del 2022.

Por otra parte, hay un 10% de la población que es la de mayor poder adquisitivo a la cual se plantea eliminarle los subsidios por completo. Hablamos de hogares donde los ingresos sean mayores a 3,5 Canastas básicas totales, el equivalente a casi $315 mil pesos.

Se incluiría en la eliminación de subsidios a titulares de tres inmuebles registrados o más, aviones o embarcaciones de lujo y tres o más automóviles de una antigüedad de 5 años o menos. En este caso, esta cifra de usuarios vería incrementada la tarifa en un 200%, es decir que si hoy en día pagan $6000 su boleta, a partir del 1ero de junio comenzarían a pagar $18 mil.

Galindo indicó que: "queda un 60% que somos la mayoría, los que cobramos entre dos salarios mínimos, vitales y móviles y $315 mil y que no contamos con la cantidad de propiedades antes detalladas. Somos los que entraríamos en un rango de aumentos del 20%". Todo esto, en caso de aprobarse lo solicitado por el Gobierno en la audiencia el día de ayer.

Es que, para este porcentaje de usuarios, sin tarifa social y sin estar comprendidos dentro de esa porción más acaudalada, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022.

Al tomar en consideración los incrementos aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio daría esta cifra restante del 20%. Es decir que si una persona comprendida dentro de este universo paga actualmente $5 mil, pasará a abonar $6 mil a partir de junio.

"Hoy de la tarifa, el 75% está subsidiado por el Estado, es decir que pagamos un 25% del costo total. En el 2020 estuvo congelada para todos y en el 2021 la suba fue del 7%, un valor muy mínimo. Si tomamos en cuenta el 42,7% de aumento que tendrían los hogares sin tarifa social, hablamos de una suba que estaría por debajo del 60% que se pronostica como inflación para este año", señaló Galindo.

A su vez se manifestó a favor de que haya una segmentación en las tarifas al destacar que, con un esquema de subsidios para todos por igual, los sectores más humildes terminan financiando a los más pudientes. Según argumentó, se da así ya que el consumo de estos últimos siempre es mayor por los m2 de sus casas, las prestaciones que poseen, entre otros servicios. "De esa forma, los recursos que emplea el Estado terminan dirigiéndose más a los sectores altos y beneficiando menos a los más chicos", consideró.

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