El Frente de Todos (FdT) logró emitir este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5% en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

Después de tres horas de tratamiento en forma presencial y virtual, el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo logró 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y 21 firmas en la Comisión de Energía, que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller.

Al cerrar el debate, el diputado Cleri anunció que el Frente de Todos “va a hacerle una serie de modificaciones al proyecto que establece el marco regulatorio para los biocombustibles”.

En legislador santafesino indicó que incorporará "en el artículo 14, por pedido de los diputados de San Luis y de La Pampa, para tener una redacción de mayor claridad y una visión mas general”.

“Para tener mayor claridad y no tener ningún conveniente con la justicia, se va a sacar la palabra ‘mínimo’ de todos los artículos donde estaba presente”, precisó Cleri.

Al comienzo del plenario, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Felix, manifestó que “es necesario la presentación de un marco regulatorio que considere las nuevas realidades que tiene el sector, más las coyunturas que se presentan y dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que queremos siga creciendo”.

En apoyo de la iniciativa oficialista, el diputado santafesino Germán Martínez sostuvo que “hoy estamos aquí analizando un proyecto que trata de adecuar los tiempos, de darnos cuenta cual es la actual composición del sector del biocombustibles, los distintos subsectores que existen, y lo hacemos en pos de pensar el futuro de este sector”.

En tanto, la legisladora del Movimiento Popular Nequino Alma Sapag adelantó que votará a favor el proyecto en general, pero advirtió que “es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el Gobierno nacional, que no deberían colisionar con este proyecto de ley”.

Desde la oposición, la diputada radical Jimena Latorre señaló que “este proyecto que deroga la Ley 26.093, no tiene sustentabilidad, ni promoción de energías limpias”.

Y fustigó: “Acá lo que hay es un régimen intervencionista, donde el Estado, poco eficiente viene a regular esta actividad después de 11 años”.

A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, manifestó que “hay muchas cosas que no se entienden, yo no pretendo acusar a nadie, pero me gustaría que hubiéramos tenido otro nivel de discusión, de profundidad”.

“Creo que hubo mucha más improvisación y trabajo en otras áreas, pero no en energía”, agregó.

“En este contexto se genera un nuevo marco para el desarrollo del biocombustible en la Argentina. Eso no es razonable”, dijo De Marchi.

En el único cruce político que se mantuvo en la reunión por unos minutos, el diputado salteño Andres Zottos le recordó a De Marchi que en la votación de la ley actual en 2006, el legislador mendocino se abstuvo.

En el cierre del tratamiento, Cleri sostuvo que “el proyecto tiene una mirada integral que busca dotar de herramientas para que el sector privado junto con el público puedan planificar durante este año la inversión y la transición sin afectar el bolsillo de los argentinos”.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen de mayoría tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.

En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.

Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

En ese punto fija que “las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión” y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).