Con apoyo de la oposición, el Gobierno nacional buscará avanzar este jueves en el Senado con la sanción de otra ley que habilita una nuevo blanqueo para la construcción, que se estima, podría recaudar hasta u$s4.500 millones en un momento donde las cuentas del Estado están en rojo. Se trata de una ampliación del régimen que estuvo vigente durante tres meses en el 2021 aunque sin lograr los resultados que se buscaban en ese momento.

El Senado ya avanzó con un dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Presupuesto y Hacienda y la ley ya cuenta con media sanción de Diputados. El proyecto, que fue iniciativa de Sergio Massa, prevé incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa "puente al empleo" referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.

El régimen de “Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda” ya estuvo vigente entre marzo y julio del 2021. El Gobierno incluyó su prórroga en el presupuesto oficial de 2022, que no consiguió la aprobación del Congreso y por eso quedó inactivo.

Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en la primera etapa del blanqueo anterior se abrieron 7.000 cuentas por casi u$s200 millones, mientras que solo ingresó el 10% del total recaudado en las siguientes dos etapas. El saldo final quedó lejos de los u$s5.000 millones estimados en ese momento. Ahora se habla de la posibilidad de que ingrese un monto parecido: entre u$s4.000 y u$s4.500 millones. para lograrlo se mejoraron los incentivos.

¿Cómo funciona?

El nuevo proyecto establece un "impuesto especial" sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial. En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será del 5%.

En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurridos otros 90 días, la tasa será del 10%; y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota del 20%.

La ley exime a las personas de pagar el impuesto sobre los Bienes Personales sobre el valor de las inversiones en proyectos e incluso se puede computar el 1% del valor de la inversión en los proyectos como pago a cuenta de este tributo.

Los que deseen declarar voluntariamente los fondos que tienen ocultos en el país o el exterior deberán depositarlos en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Esos fondos deben usarse únicamente para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios en el país.

De acuerdo con el texto, la inversión debe ir a “obras privadas nuevas”, pero se considera que entran dentro de esa categoría todas aquellas que al momento de entrada en vigencia de la ley tienen un avance inferior al 50% de la finalización de la obra.

La iniciativa busca generar más construcción de viviendas, aunque no fijó requisitos especiales sobre las características que deben tener los proyectos inmobiliarios. Además, apunta a reconvertir planes sociales en empleo genuino.