El Concejo municipal aprobó este jueves la nueva ordenanza para combatir el lavado de activos de origen delictivo y Rosario se perfila como pionera en legislar en la materia. La iniciativa fue aprobada en el marco de un largo debate en el recinto.

La normativa que crea el Sistema de Control Económico Financiero se aprobó por unanimidad en general pero para algunos artículos en particular hubo aprobación por mayoría reglamentaria; es decir, con votos en contra de algunos ediles peronistas.

En las reuniones previas a la sesión de este jueves, el acuerdo entre el oficialismo, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio fue derogar la actual ordenanza sobre lavado y aprobar un nuevo texto consensuado entre los distintos bloques que se estructurará en tres ejes: la solicitud de información a los inversores; el protocolo de alertas sospechosas y la creación de una Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.

La propuesta de una agencia contra el lavado de activos creada en el ámbito municipal, tendrá como objetivo directo perseguir los negocios ilícitos de las organizaciones criminales que actúan en la ciudad.

La agencia trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera, para detectar posibles delitos económicos relacionados con la narcocriminalidad.

El ente creado, utilizará toda la información que el municipio tiene digitalizada y sistematizada, para cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación, y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen una actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas.

Con la creación de la Agencia, todas las dependencias del Estado Municipal (organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado) tendrán la obligación de cooperar ante los requerimientos.

Los procedimientos y trámites administrativos en donde se pondrá la lupa abarcarán permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.