El reciente anuncio de una línea de créditos otorgada por el Banco de la Nación Argentina (BNA) para financiar parques industriales y pequeñas y medianas empresas industriales, agropecuarias y tecnológicas en la provincia de Santa Fe, con tasas de interés negativas que se hacen más negativas aun con el subsidio de la tasa nominal por parte del gobierno provincial -no hemos visto los plazos de amortización-, ha puesto muy contentos a los empresarios de los sectores productivos destinatarios. Ojalá puedan ser tomados y superados los $ 26.500 millones puestos a disposición: todo Santa Fe se beneficiaría con el aumento de la producción, el empleo y los ingresos. 

Pero para que ello ocurra deberían darse ciertas condiciones. Una, que los requisitos exigidos por el Banco a los solicitantes sean rigurosos, pero no excesivos y los trámites sean fluidos y rápidos, sin trabas burocráticas. Existiendo la línea crediticia, el acceso al financiamiento por cuestiones formales es un problema histórico de las pymes.

Otra, siendo que en la lógica decisional el financiamiento sigue a la decisión de invertir, es necesario que primero exista esa intención. Pero para que ello ocurra tienen que mejorar las expectativas de ventas y consiguiente ganancia, lo que es problemático en situación de tamaña incertidumbre como la actual en la economía argentina: el futuro es siempre incierto, pero aquí tenemos, además, una prolongada recesión más los efectos económicos de la pandemia. Sin expectativas favorables y si no se esperan ganancias reales, de nada valen las tasas negativas. Mientras la maximización sea la racionalidad económica, no habrá un click favorable en las expectativas y, entonces, tampoco habrá nuevas inversiones.

Ahora, una digresión. Viendo que entre los destinos de los créditos se encuentra la financiación de parques industriales (con un crédito máximo de 60 millones), viene a nuestra memoria una situación similar en los elementos, pero con secuencia y desenlace diferente. A principio del 2012 presentamos al presidente del Banco de la Nación de entonces, con el acompañamiento de empresarios santafesinos, un programa para completar la infraestructura de los parques industriales en la provincia de Santa Fe, solicitando la financiación que se estimaba necesaria a tal efecto.

O sea, llevamos una propuesta de inversión que requería financiamiento, resultante de un estudio de las necesidades y cálculo de montos realizado por el Consejo Federal de Inversiones, relevando las obras y estimando qué inversión era necesaria realizar para dotar a todos los Parques y Áreas Industriales de las instalaciones necesarias para que las empresas radicadas y a radicar puedan trabajar en óptimas condiciones.

Propuesta de ampliación 

Dado que esta operación de financiamiento, entre el Estado provincial y el Banco de la Nación, implicaría un acuerdo específico (fuera de las alternativas comerciales estándares) sugeríamos las siguientes condiciones para el mismo: monto: $150.000.000 desembolsable conforme al cronograma de ejecución de obra (unos 30 millones de dólares de entonces); plazo de amortización: 10 años, con 2 años de gracia; tasa de interés similares a las aplicables a los denominados “Créditos del Bicentenario”, atento a estar orientado al sector comprendido en los mismos.

Por respuesta recibimos una condicionalidad: la compra por parte de la provincia de la cartera de créditos incobrables del BNA tomados y no pagados por empresas privadas de Santa Fe.

Mas específicamente, el Banco de la Nación Argentina propone a la provincia un mecanismo por el cual se gestione el cobro de créditos irregulares de productores agropecuarios y de otros sectores, con domicilio en la provincia de Santa Fe, que han tomado líneas de créditos del BNA y que no han cancelado el mismo de acuerdo a lo pactado.

En buen romance, una estatización de deudas privadas. El fundamento fue, por un lado, que el Banco cobraría sus créditos (muchos de ellos totalmente incobrables) y la Provincia ayudaría a empresas santafecinas. De acuerdo a la información preliminar (luego se fue depurando), serían unos 1.444 deudores por un monto estimado de $ 81.320.493,71.

No se especificaba si era la suma total o si había que agregarle los intereses, honorarios de los profesionales que hayan intervenido en la gestión de cobro, etc. (luego se fue ajustando).

Para ello, la propuesta contemplaba la constitución un Fideicomiso Financiero de “Recuperación de Unidades Productivas de la Provincia de Santa Fe” al que se le transferirían las sumas adeudadas por las empresas involucradas.

No nos dijeron que no, pero nos imponían una condición inaceptable para los intereses de la economía santafesina; tampoco se aceptaron las contrapropuestas presentadas desde el gobierno provincial. Ante ello, abrimos nuestra propia línea de financiamiento para parques industriales, con recursos corrientes del presupuesto provincial, conocido como Fondo Provincial para Parques industriales (FOPROPI).

¡Qué paradoja! Algunos años después otra gestión del Banco de la Nación, políticamente afín a la empresa, financió a Vicentín! Cuando los gobiernos son de signos partidarios distintos, el federalismo se suele pervertir. En tanto estas situaciones se produzcan reiteradamente, lo que puede ser una casualidad se convierte en una causalidad. Algunos casos distintos solo confirman la regla.