El sector agroindustrial rechazó la decisión del Gobierno de administrar la Hidrovía Paraná-Paraguay al menos por un año. Señalan que el Estado no tiene recursos para llevar adelante una gestión exitosa y desconfían seriamente que lo recaudado se reinvierta.

El Gobierno nacional confirmó que una vez que venza la prórroga por 90 días que se le concedió a Hidrovía SA, a cargo de la belga Jan de Bul y la argentina Emepa, tomará el control de la vital ruta que quedará en manos de la Administración General de Puertos (AGP).

La hidrovía es la puerta por la cual sale el 85% del comercio agrícola de la Argentina, el 90% del paraguayo y el 50% del boliviano. Además cuenta con 90% de los flujos de containers de Argentina y Paraguay y un tráfico de barcazas de 20 millones de toneladas, entre otras cosas.

“Que el Estado opere la hidrovía por un año es un grave error. No tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del Paraná (la peor en los últimos 50 años)”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

“El Estado debe llamar a licitación de forma urgente manteniendo el cobro directo de la tarifa en el concesionario”, agregó al diario La Nación. Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó el temor de la entidad a que se afecta la “competitividad” del agro. Además, señaló que el sector no fue tenido en cuenta para la discusión del tema.

“Nos preocupa que una mala decisión del Gobierno pueda afectar la competitividad de toda la agroindustria exportadora, la hidrovía es la puerta de salida de nuestra producción al mundo. Desde la SRA creemos que contar con un sistema eficiente de hidrovía es fundamental para el desarrollo del país”, añadió al mencionado medio.

Por su parte, Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), consideró que con la administración por parte del Estado, el riesgo es que haya fondos que se usen para otras actividades, sobre todo en un año electoral.

“Si bien estaría dentro de las facultades del Gobierno disponer el mecanismo de cobro de peaje a través de un fideicomiso, entendemos que se arriesgan las virtudes del sistema innecesariamente, y la sensación es que el Gobierno va por la caja, no tiene otro sentido porque tranquilamente puede auditar el cobro y la aplicación de los recursos”, disparó.