El Gobierno nacional finalmente no alcanzó un acuerdo con las petroleras y se prepara para aplicar la Ley de Abastecimiento N° 20.680, elaborada en 1974, para congelar los precios de los combustibles por 90 días, tal como anunció Mauricio Macri tras la devaluación y la derrota electoral en las Paso.
Fuentes oficiales confirmaron que la decisión se oficializará este viernes con la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui. La norma ya fue firmada.
La medida congela el precio en los surtidores en base al barril Brent a u$s59 y el dólar a $45,19, los valores del viernes 9 de agosto pasado.
Macri había anunciado el congelamiento de precios el miércoles a las 9.30 desde la Quinta de Olivos. Algunos estacioneros celebraron la medida por el doble efecto: más consumo y menos inflación tras la subida del dólar a $60.
Pero 11 horas después, las petroleras impusieron su criterio y lograron frenar la iniciativa. Los directivos de las compañías dudaban de la forma en que se iba a aplicar. Las tres variables que determinan el costo del combustible en la Argentina tras la liberalización del mercado son el tipo de cambio, el Brent y los biocombutibles. En menor medida se incluyen los impuestos que se actualizcen automáticamente cada tres mes.
Los petroleros no estaban dispuestos a resignar la actualización con el dólar a $60 y lograron que Lopetegui convoque al diálogo.
También intervinieron gobernadores de provincias productoras que vieron amenazadas sus inversiones en petróleo y gas, principalmente en Vaca Muerta. La misma postura tuvieron las empresas que producen hidrocarburos, pero no refinan: Vista, Tecpetrol, Exxon, Chevron, Equinor, entre otras.
La resolución apelará a la vetusta Ley de Abastecimiento, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974 para controlar supuestas maniobras realizadas por industriales y empresarios del transporte de mercaderías. La norma llevará la firma de Lopetegui y el Secretario de Comercio, Ignacio Werner.
La ley brinda al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios mínimos y máximos a bienes esenciales e incluso lo autoriza a recurrir a las Fuerzas Armadas y de seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento, ante una eventual falta de productos.
También establece la aplicación de sanciones que van desde multas hasta 4 años de prisión para aquellos empresarios que provoquen maniobras de desabastecimiento.Algunos juristas creen que la normativa no es constitucional y por lo tanto no debe ser aplicada.
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